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Miembros de un equipo especial del Departamento de Educación que habían estado investigando abusos generalizados por universidades con fines de lucro han sido marginados, reasignados u ordenados a enfocarse en otras cuestiones, según empleados actuales y anteriores. El equipo investigativo se creó en 2016 después de un colapso de las universidades corintias con fines de lucro, lo cual desencadenó una ola de reclamos de los estudiantes acerca de actividades predatorias en escuelas con fines de lucro. Las instituciones habían sido acusadas de fraude generalizado por falsificar beneficios de inscripciones, ofertas de programas e índices de colocación laboral, que podrían dejar a los estudiantes con enormes deudas y sin diplomas.

Un estudiante de doctorado de la Universidad de Michigan en Ann Arbor realizó un estudio sociológico sobre la corrupción en la educación superior. Basó su estudio en su propio examen de 2009 en Illinois, donde se produjo un escándalo relacionado con la prueba de acceso. Su estudio se centró en un proceso de admisión, oculto y aparte, que utilizó la Universidad para así facilitar el acceso de solicitantes relacionados con personajes políticos, donantes y funcionarios universitarios. Su trabajo concluye que la mala conducta administrativa es con frecuencia "un problema organizativo que requiere soluciones organizativas."

El ministro del Poder Popular para la Educación Superior declaró que en caso de comprobarse que los recursos universitarios están siendo desviados hacia fines que no son los que están contemplados (fines políticos) se aplicarán las sanciones que están contempladas en la ley. También expreso que las autoridades responsables de la educación superior deben garantizar que los recursos universitarios sean utilizados para beneficio de los estudiantes.