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Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Según el Director de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ), el papel que juegan los estudiantes de educación superior en la implementación efectiva de leyes de anticorrupción; es crucial. Durante un simposio organizado por la Comisión Nacional de Educación Cívica, se hizo un llamado a los estudiantes para participar en la lucha contra la corrupción y fomentar en el país la buena gobernanza, estado de derecho, rendición de cuentas y la transparencia.

El miércoles, la Comisión Nacional para Educación Cívica (NCCE) hizo un llamado a una importante transformación hacia la lucha contra la corrupción, diciendo que la soga alrededor de la corrupción debe de apretarse a través de acciones prácticas. “De modo que, la Comisión está aumentando la lucha contra la corrupción por medio de una incesante intensiva educación pública y cívica para cambiar nuestra actitud, inyectar responsabilidad personal y pública en todo el país para ayudar a promover buena gobernanza.