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El director de la ahora cerrada Universidad Cristiana de Ruanda y el ex Primer Ministro de Ruanda recibieron una pena de tres años de cárcel y una multa de 892.2 millones de francos ruandeses ($907,000 dólares americanos), después de que se encontrara culpable de emitir cheques sin fondos y de no pagar salarios a su personal docente y administrativo. La Oficina de Investigación de Ruanda también arrestó al ex vicerrector de la Universidad de Kibungo por presunto nepotismo y mala gestión de las finanzas universitarias.

Un grupo defensor de anticorrupción, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP), ha demandado al gobernador del estado de Delta, por los escasos recursos financieros de la educación primaria de su estado. Su administración ha recibido N7.8bn de parte de la Comisión de la Educación Básica Universal, aparte de otros fondos del Gobierno Federal. Cerca de 1,124 escuelas primarias en todo el estado son un desastre, con instalaciones de enseñanza en pésimas condiciones. Además, SERAP señaló el caso de un estudiante que fue enviado a su casa porque sus padres no podían pagar la cuota escolar ilegal de N900.

El director de la escuela de secundaria de Mbarara y su tesorero están siendo acusados con tres cargos de fraude, causando pérdidas financieras y abuso de oficina. Los dos se presentaron ante la corte de Anticorrupción en Kampala y fueron acusados de malversación de fondos escolares por Shs 207 millones.

Dos maestros han sido arrestados después de trabajar en la escuela de secundaria de Seme por ocho y dos años respectivamente. Obtuvieron sus puestos de trabajo utilizando cualificaciones falsas. Se ha dicho que el Departamento de Educación de Mpumalanga ha sufrido una pérdida combinada de más de R2.4m. Aparentemente, el departamento comenzó a sospechar sobre sus calificaciones en 2017 y se les pidió que las volvieran a presentar. Los dos regresarán al Tribunal Regional de Volkrust el 6 de febrero.

Seis altos funcionarios de gobierno en el Ministerio de Educación han sido relevados de sus funciones debido a corrupciones masivas, abuso de poder, contratos ficticios, y estafa de fondos públicos, desde hace más de 20 años. El presidente, también ha ordenado que el Comité de Contratos de dicho Ministerio sea “disuelto” de inmediato por “mal manejo en el proceso de adquisición de muebles seleccionados para escuelas de primaria en Uganda, bajo el Ministerio de Educación y Deportes”.

Un abogado y activista de derechos humanos ha pedido un apropiado monitoreo y utilización del Fondo de Educación Básica Universal (UBE). Dicho fondo es un subsidio anual del gobierno federal con el objetivo de asistir a los estados y que puedan mejorar sus instalaciones de educación primaria y así proveer una buena educación para los niños de toda la nación. En su declaración, el activista advirtió, que el fondo pudiese ser desviado por políticos buscando dinero desesperadamente para comprar votos durante la próxima elección general del país. Dijo que el Banco Mundial le otorgó a Nigeria $611 millones (N219 billones) para el proyecto de la UBE.

El Sindicato de Personal Académico Universitario de Kenia (UASU) ha amenazado con ir a la corte si el Ministerio de Educación no toma acción inmediata ante las instituciones de educación superior del país, que han sido reportadas por ilegalmente hacer descuentos de los salarios de sus empleados sin remitir las deducciones a las instituciones pertinentes. El mes pasado, el Ministerio de Educación dio a conocer un informe de auditoría mostrando que algunas universidades públicas del país estaban descontando billones de chelines de los salarios de sus empleados y no reportaban el dinero regularmente a las instituciones correspondientes. El total de los descuentos salariales ilegales es aproximadamente de US$100 millones.

Dos personas están en problemas después que presuntamente estafaron cerca de R6 millones del Departamento de Educación de Mpulamanga. El jueves, ambos se presentaron ante la Corte Regional de Nelspruit, por su presunta involucración en el plan ficticio de alimentación escolar. Los “Hawks” (Oficina de crimen organizado) dijeron que, en 2011, los acusados entregaron varias facturas falsas al Departamento de Educación por servicios que nunca fueron prestados. Un empleado del Departamento de Salud supuestamente contrató a dueños de varias compañías para que presentaran dichas facturas. El dinero supuestamente se depositó a las diferentes cuentas individuales y corporativas y posteriormente fue retirado y compartido entre el sindicato.