Un escándalo suscitado por un examen forzó al departamento provincial de agricultura a retener las becas. Las irregularidades afectaron a 38 escuelas y a por los menos 2.000 hojas de examen.

Unos 120 profesores no están calificados, es decir, carecen de certificados o éstos no son adecuados. Muchos profesores de educación primaria en las áreas remotas carecen de calificarion y algunos ni siquiera tienen el certificado de nivel "O" (bachillerato elemental)

El State Primary Education Board (SPEG) de Kogi comenzó a verificar los certificados de los profesores de educación primaria en un esfuerzo destinado a sanear y elevar el nivel de la enseñanza en las escuelas primarias de todo el estado.

En el distrito de Kabale se despidió a 280 profesores primarios que estaban a prueba o no formados y se reclutó a otros 240 para reemplazarlos. El sector de la educación está efectuando una operación masiva para deshacerse de profesores con documentos falsificados.

El Departamento de Educación de Mpumalanga ha dado comienzo a un procedimiento disciplinario contra 61 profesores acusados de verse envueltos en un caso de mala práctica en los exámenes de matriculación del año pasado. Las investigaciones llevadas a cabo han revelado que los candidatos recibieron ayuda, posiblemente por parte de los profesores, en una o más asignaturas. Dichas prácticas ilícitas tuvieron lugar en 10 de los 587 centros examinadores de la provincia de Mpumalanga.

Las autoridades locales de Beijing se encuentran revisando en estos momentos las normas existentes referentes a la ética profesional para profesores de escuelas de nivel primario y medio. La revisión incluirá el establecimiento de una serie de sistemas para puestos de responsabilidad y la supervisión y castigo de los profesores cuando se ponga en marcha la normativa de la ética profesional. Aquellos profesores que no estén cualificados serán apartados de la profesión.

Un auditor ha sido acusado de haber maquillado las cuentas para ayudar a ocultar el robo de más de 11 millones de dólares. Las acusaciones implican al superintendente de distrito por el robo de más de 2 millones de dólares, al superintendente adjunto, por apropiación indebida de 4 millones de dólares, y a un ex empleado de contabilidad de la escuela, por el robo de 780.000 dólares. El dinero se estaba destinando a la compra de obras de arte, joyas, viajes al extranjero e hipotecas de viviendas. El escándalo ha desencadenado un cambio radical en la forma de auditar las finanzas de los centros escolares en todo el estado.