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Un gran número de padres ha expresado su descontento por como los profesores exigen dinero a cambio de darles a sus hijos los resultados de final de curso. Y ahora sí que los padres le están exigiendo al ministro de educación que haga algo en lo referente a cobros extras en escuelas de primaria y secundaria, defendiendo así el programa gratuito de Educación para Todos.

El politécnico federal expulsó a 162 estudiantes acusados de malas prácticas, pertenencia a grupos sectarios y pobre rendimiento académico durante el año académico 2004-2005. Los estudiantes fueron expulsados por su mala conducta durante los exámenes.

El distrito de Miga ha despedido a más de 73 directores de escuelas primarias a causa de su incompetencia y por no contar con las cualificaciones académicas adecuadas. Se nombró a nuevos directores para unas 50 escuelas y más de 100 profesores fueron sometidos a examen. Esta actuación forma parte de un programa de reorganización de todas las escuelas de primaria del distrito cuyo objetivo es mejorar el nivel educativo.

El Consejo Interuniversitario del África Oriental (IUCEA por sus siglas en inglés) está desarrollando un sistema para normalizar todos los grados universitarios ofrecidos por las universidades locales. Según el secretario ejecutivo del consejo, la mayoría de los ciudadanos keniatas solicitan entrar en universidades de Uganda porque son más baratas que las universidades locales pero no comprueban si el nivel educativo cumple los niveles requeridos.

El presidente ejecutivo del Consejo Nacional Examinador (en inglés National Examinations Council - NECO) ha autorizado a los funcionarios del consejo a que acepten sobornos ofrecidos por estudiantes o padres que estén en situaciones desesperadas. La medida pretende así salvar la vida del personal del NECO que se ven sujetos a frecuentes y a veces mortales ataques por personas desesperadas por aprobar su Examen de Certificación de Enseñanza Secundaria por cualquier medio. En los dos últimos años, se han dado casos en los que se ha arrojado ácido a los funcionarios del NECO.

El Proyecto para la Ética en los Exámenes ha situado al estado de Benue en el puesto más alto del Índice de Malas Prácticas en Exámenes (en inglés Examination Malpractices Index - EMI), en el ranking del año 2005 del país. El Territorio de la Capital Federal destacó como el estado que mejor nivel ético demostró en los exámenes con el EMI más bajo de 0,43, mientras que el estado de Benue mostraba un EMI de 18,87. El informe de los exámenes del año 2005 indicaba que el EMI de todas las regiones fue de un 6,9, en contraposición con un 16,9 del año 2004. Esto significa que el fraude ocurrido en los exámenes entre 2004 y 2005 se redujo en un 59 por ciento.

Según un informe, los responsables de una Facultad de Ciencias Empresariales junto con una junta examinadora se han visto envueltos en un caso de expedientes académicos falsos. Los funcionarios de la facultad proporcionaban resultados y expedientes falsos a personas que querían viajar al extranjero para realizar estudios superiores, por un precio que según afirman no bajaba de los 2.000 dólares americanos.

Quince de los 80 estudiantes matriculados en la Universidad de Namibia de Educación a Distancia no podrán presentarse a sus exámenes finales tras la supuesta apropiación indebida por parte de uno de los profesores del dinero que pagaron por su derecho a examen. Se sospecha que utilizó el dinero para saldar cuentas personales. Los estudiantes no podrán hacer sus exámenes este año puesto que el fraude fue descubierto demasiado tarde.

Un informe dirigido por el Proyecto para la Ética en los Exámenes (en inglés Exam Ethics Project - EEP) en el que se sometió a examen el índice de malas prácticas durante los exámenes de estado y las seis zonas geo-políticas, ha revelado que se ha producido un aumento del 40 por ciento de las mismas entre los años 2003 y 2004, como contraposición al correspondiente aumento del 276 por ciento que se produjo entre los años 1999 y 2004.

Legisladores del Estado de Ondo han aprobado una pena de cárcel de entre tres y cuatro años o bien una multa para aquellos directores que lleven a cabo malas prácticas durante los exámenes en colegios públicos. Cualquier candidato que abandone la sala de examen con la intención de copiar o beneficiarse de forma ilícita corre el riesgo de pagar una multa y/o ser enviado a prisión por un periodo de hasta tres años.