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El fraude en los exámenes sigue siendo el mayor reto para la Junta de Admisiones y Matrículas (JAMB), especialmente entre los padres de familia que constantemente piden que sus hijos reciban tratos especiales, sin importar si cumplen con los requisitos. JAMB también está luchando contra la corrupción en instituciones de educación superior que aceptan a estudiantes al margen de los lineamientos del Ministerio de Educación.

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Los informes muestran que los criminales se aprovechan de los pagos en efectivo realizados por estudiantes de Africa Occidental para pagar matrículas y otros servicios en universidades del Reino Unido. Las universidades privadas y campus extranjeros transfronterizos en Africa, son usadas como inversión y para integrar las ganancias del crimen en la economía legítima. Cuando se paga más de una matrícula, solicitan a la Universidad que devuelva el sobrepago a la cuenta de un tercero, ya sea a la cuenta bancaria del distribuidor de drogas o de un funcionario sobornado.

Dos profesores de la escuela de secundaria de Kwekwe fueron suspendidos después de supuestamente pedir dinero a los padres de familia para asegurar lugares en el primer curso para sus hijos. El hecho solo salió a la luz pública en el día de la inauguración, cuando autoridades escolares descubrieron que había una clase adicional de 30 estudiantes, lo que llevó al director a lanzar una investigación.

La demanda de educación superior en Nigeria es significativa y 79 universidades privadas y 91 federales y estatales no pueden suplir esa necesidad. Sin embargo, el gobierno nigeriano ya no permitirá campus satélites ilegales y afiliaciones con universidades extranjeras no acreditadas. Esto después que la Comisión Nacional de Universidades, publicara en febrero un listado de casi 60 universidades ilegales que fueron cerradas porque no cumplían con los mínimos estándares de educación.

Un informe reciente destaca los riesgos de la inversión de fondos en el sector educativo del Reino Unido por parte de «élites de Africa Occidental» condenadas por corrupción o cuyos bienes han sido embargados por el RU. Cita ejemplos de políticos que han pagado más de £850,000 (1.17 millones de dólares) por los gastos de escolarización de sus hijos. El 30% de los estudiantes de escuelas privadas tendrían vínculos financieros con “Personas políticamente expuestas”. Según la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, esto representa un mecanismo significativo para los flujos de dinero ilícito.

Con el fin de aumentar los estándares y responsabilidad docente en el sistema educativo, el Ministerio de Educación de Malawi está desarrollando una política docente, así como un Código de Conducta para profesores (CoC) con el apoyo de la Iniciativa Docente de Noruega de la UNESCO. La CoC incluirá profesores de escuelas de formación docente, y deberá denunciar los castigos corporales.

A pesar del crecimiento de instituciones académicas en Nigeria, los Gobiernos Federales y Estatales, no han podido cumplir con la creciente demanda de la educación politécnica y universitaria, resultando en la adopción de un sistema de cuotas. Esta práctica estructurada sobre el favoritismo hacia los indígenas de un determinado estado sobre otros, ha llevado a que cometan fraude aquellos solicitantes, a los cuales se les ha negado la admisión. Mientras tanto, las instituciones federales en algunas áreas no han matriculado a suficientes alumnos y otras están sobrepobladas, lo que ha resultado en un uso indebido y excesivo de los recursos.

El informe del Sindicato Africano demuestra que al menos el 57% de las personas que se ponen en contacto con las escuelas en Malawi, pagan sobornos. Pagos informales amenazan los derechos y el bienestar de la niñez. Por ejemplo, cargos informales de parte de maestros para enseñar, y para elementos adicionales como alimentación escolar, libros, uniformes o exámenes pueden llevar particularmente a los estudiantes más pobres a que falten a la escuela. Además, la adquisición de calificaciones falsas, afectan los resultados del aprendizaje de los niños.