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La directora del Training Domain, una institución educativa de Fort Meyers, diseñada para mejorar las aptitudes laborales de los estudiantes, ha sido acusada con 10 cargos de fraude electrónico y un cargo de fraude de la Asistencia Federal del Estudiante (FSA). De julio 2017 a abril 2019, asistió a estudiantes en la aplicación de ayuda financiera, pero en lugar de utilizar los ingresos del préstamo y subvención, para impartir las clases y para otros gastos educacionales, la directora se quedó con los fondos de la FSA y lo dividió con los estudiantes. También falsificó diplomas de secundaria.

Tras la elección del Presidente, defensores y legisladores expresaron su preocupación sobre que pasará con las actuales regulaciones destinadas a responsabilizar a las universidades con fines de lucro. El martes, sus preocupaciones se hicieron realidad. El Departamento de Educación anunció que retrasaría y renegociaría dos de los principales reglamentos de la administración anterior. La primera tiene como objetivo penalizar los programas en los cuales las cuotas de préstamos de graduados exceden un porcentaje establecido de sus ganancias, mientras el segundo simplifica el proceso para prestatarios que afirman haber sido estafados por sus universidades.

El actual panorama legal de la educación superior en los Estados Unidos, se caracteriza por una ola de temas que traerán más demandas. Como es el caso con escuelas de derecho y administración, donde los temas incluyen: inflación de índices de empleo para graduados recientes, la inflación de salarios iniciales, y la fórmula de empleo relacionada con subsidios federales y los beneficiarios de préstamos, como es el caso para las entidades con fines de lucro.

La administración de Obama está resaltando una creciente preocupación por la galopante deuda estudiantil en E.U., formando una nueva dependencia para ejecutar medidas en contra de instituciones de educación superior que promuevan comportamientos ilegales. El Departamento de Educación dijo que creará la unidad, después de haber tomado acción recientemente en contra de varias universidades que se beneficiaron ilegalmente de estudiantes, con mercadeo engañoso y préstamos federales inapropiados.

La administración del gobierno de E.U. está creando una nueva oficina en el Departamento de Educación, dedicado a investigar y castigar actividades ilegales en universidades y proporcionando un alivio a la deuda de prestatarios federales estafados. El lunes, oficiales anunciaron una nueva “unidad de ejecución” que se encargará de investigar malas conductas en universidades, imponiendo medidas administrativas contra universidades y resolviendo demandas de alivio de préstamos estudiantiles ligados a fraude. La reorganización administrativa agilizará y mejorará la calidad de las investigaciones de mala conducta realizadas por el departamento.

Los órganos de acreditación mantienen a cientos de escuelas con unos bajos índices de alumnos graduados o con un alto número de impagos de sus préstamos. La mayoría de las universidades no pueden mantener sus puertas abiertas sin un sello de aprobación de algún órgano de acreditación, que se necesita para que los estudiantes tengan acceso a préstamos y becas federales. Pero los órganos de acreditación casi nunca expulsan a las universidades con peores resultados académicos y carecen de estándares uniformes para evaluar los índices de graduación y los impagos de préstamos.

El Ministerio de Educación debe explicar por qué aceptó a una empresa de préstamos para los estudiantes que una auditoría había sindicado por malos manejos de millones de dólares. La empresa recibió los fondos de un programa de subsidio que le garantizaba una tasa de interés de 9,5% sobre los préstamos a los estudiantes. En un convenio concluido en enero, el ministerio autorizó a la empresa a conservar los 278 millones de dólares recibidos, pero suspendió pagos futuros por más de 800 millones de dólares, hasta que una próxima auditoría pueda determinar si la empresa reúne las condiciones para ser elegida.

El Departamento de Educación de Estados Unidos propuso la semana pasada nuevas reglas para flexibilizar una prohibición impuesta a la compensación de incentivos para reclutadores universitarios y eliminar así una norma de ayudas financieras. La propuesta para anular la regla de 12 horas lleva muchos años siendo centro de debate. Los proveedores de educación a distancia han instado al departamento y al Congreso a invalidar esta norma, pero hay quienes apelan a los temores de que relajar la normativa conduciría al fraude.