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El Ministro de Educación anunció que los tramposos vendiendo sus servicios a estudiantes universitarios australianos están enfrentando dos años de prisión o multas hasta por AU$100,000. Los estudiantes que hagan trampa también estarán sujetos a las políticas y sanciones académicas de sus universidades. La Agencia de Regularización y Calidad de la Educación Terciaria, estará empoderada para solicitar medidas legales para forzar a los proveedores de servicio de internet y buscadores a bloquear los sitios web dedicados a la trampa.

Desde agosto 2018, se ha llevado a cabo una importante investigación policíaca, después de serias preocupaciones sobre las finanzas de la escuela y que el Departamento de Educación presentara denuncias de nepotismo. Según al Grupo de Crimen Cibernético y Financiero, se malversaron $4.6 millones de una escuela privada al sur de Brisbane, con el fin de comprar arte y financiarse viajes de lujo a Europa y Asia.

La “Contratación para hacer trampa” se está convirtiendo en algo común en muchas de las universidades australianas, con una gama de servicios de fácil acceso ofreciendo terminar tareas o tomar exámenes por dinero. Algunos servicios hasta ofrecen a los estudiantes la posibilidad de seleccionar el tipo de nota, y ajustar el precio según la nota escogida. El gobierno presentó una nueva ley y la persona ofreciendo los servicios de trampa a estudiantes, podrían enfrentar dos años de prisión y una multa de $210,000.

Se descubrieron 116 casos de fraude y robo entre el personal del Departamento de Educación en Queensland en 2018, incluyendo uso inapropiado de recursos públicos y mal uso de tarjetas de crédito corporativas. La Comisión de Crimen y Corrupción, acusó a un miembro de 46 años de edad, del Departamento de Educación con dos cargos de fraude por un total de $110,000.

Universidades australianas han estado hiperactivos cerrando acuerdos de cooperación investigativa y colaboraciones con universidades y otras organizaciones en China, incluyendo compañías financiadas por el estado. Pero en el despertar de un escándalo político importante en Australia, involucrando a donantes chinos que han financiado instituciones locales, las universidades han sido advertidas de estar alertas ante influencias indebidas de organizaciones donantes para investigaciones, incluyendo presión por producir investigación para efectos de propaganda china.

Los estudiantes que hacen trampa usando fábricas de ensayos son “casi imposibles de detectar”, según un estudio, se encontró que muchos de los escritores fantasmas, recibirían buenas notas en los ensayos, si estos fueran entregados. Un orador de historia de la Universidad de Nueva Gales del Sur, condujo un experimento en el cual compró 13 ensayos de 13 sitios web ofreciendo escritura fantasma y los entregó a importantes académicos para su calificación, con la idea que habían sido elaborados por estudiantes legítimos. Los resultados fueron “alarmantes”, con la calidad de dichos ensayos siendo de “mejor calidad de la esperada”. El uso de estos lugares podría ser mucho más alto de lo pensado.

Dos reporteros australianos han argumentado, que el gobierno chino está comprando influencias en universidades australianas, donando bibliotecas y fondos para institutos como parte de una ofensiva amplia hacia el fortalecimiento de su “poder blando” en el país. El debate en Australia resuena en preocupaciones en los EU, donde el gobierno chino ha sido acusado de buscar ejercer control sobre la academia, financiando Institutos de Confucio en campus universitarios.

Las universidades más poderosas de Australia se han puesto de acuerdo sobre los estándares de admisión universitarios, recomendando cambios totales a raíz de la investigación de Fairfax Media, donde se cuestionó la integridad del sector. Se han admitido a casi 99% de los candidatos a títulos en las universidades de Nueva Gales del Sur, a pesar que no cumplieron con el mínimo de los puntajes de ATAR publicados para el curso.

La Comisión de Anti-corrupción Independiente de Amplia Base (IBAC) está investigando altos directivos burocráticos, pasados y presentes del departamento de educación, involucrados en el proyecto de computadoras Ultranet que fue desechado en 2013. Audiencias públicas como parte de la investigación IBAC, comenzaron el lunes denunciando que altos oficiales del departamento compraron acciones en la compañía a la cual le otorgaron la licitación. Las audiencias también dieron a conocer que un directivo desvió fondos de otros proyectos para cubrir hasta $60 millones de los costos de la explosión de Ultranet.