En 2018, una auditoria llevada a cabo para revisar el programa de Escuelas Comunitarias de Educación Básica, autorizado por el Comité de Cuentas Públicas, reveló más de 2,000 escuelas fantasmas en papel, pero ningún maestro en el registro. Muchos años han pasado y nuevos casos han sido reportados. Sin embargo, los criminales continúan malversando dinero para sobornar a funcionarios públicos, a fin de permitir que maestros falsos mantengan trabajos falsos, y usurpan salarios de maestros honestos y estudiantes merecedores.

La Corte de Cuentas de Hyderabad impuso una pena de cinco años, junto con una multa de 30 millones de rupias a cuatro funcionarios del departamento de educación. Han reclutado a 208 candidatos, sin verificar los certificados de calificación de las juntas directivas pertinentes, en violación al procedimiento y dirección del departamento. Según la Oficina Nacional de Contabilidad, han causado una pérdida de 127.48 millones de rupias al tesoro público por los salarios pagados a estos empleados.

Un empleado de alto nivel del Departamento de Educación utilizó su posición para estafar $5 billones de dinero del gobierno, que debió invertirse en las escuelas públicas. Según el organismo estatal de lucha contra la corrupción IBAC, éste empleado se cubrió las espaldas por siete años, organizando facturas falsas enviadas de compañías de su propiedad, de sus amistades y familiares que no realizaron ningún trabajo.

La Oficina de la Fiscalía Financiera ha lanzado una investigación en el Ministerio de Educación en relación a la educación que proporcionaron a los estudiantes refugiados sirios, con financiación de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea y Alemania. La lista de niños matriculados para las clases nocturnas en las 346 escuelas estatales, incluían a un número de estudiantes mucho mayor a los que realmente asisten. El monto faltante se calcula multiplicando el número de 15,000 estudiantes fantasmas por $600 que los donantes asignan cada año a cada estudiante registrado. Desde 2014, cada año desaparecen $9 millones.

Un número de altos funcionarios del Cabo Oriental han sido acusados de corrupción en relación a un programa de nutrición escolar de la provincia por R1 billón; otro caso involucra irregularidades relacionadas al suministro de infraestructuras escolares o denuncias de corrupción en el Departamento de Educación de Limpopo, por el otorgamiento de un contrato a EduSolutions. El contrato para la adquisición de libros de texto escolares en la provincia fue cancelado en 2012, después de haberse pagado millones a EduSolutions.

El Partido de Bharatiya Janata (BJP) intensificó una ofensiva en contra del gobierno de Delhi y el actual Partido Aam Aadmi (AAP) en poder, por la corrupción en la construcción de aulas escolares. A las 1,033 escuelas bajo el gobierno de Delhi, se les otorgaron el 23.51% del presupuesto, mientras que, a las 743 escuelas de la Corporación Municipal del Norte de Delhi, se les asignó el 1.46 por ciento del presupuesto. El AAP incrementó el costo de los proyectos para beneficio de los que gozan de favoritismo.

Un grupo defensor de anticorrupción, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP), ha demandado al gobernador del estado de Delta, por los escasos recursos financieros de la educación primaria de su estado. Su administración ha recibido N7.8bn de parte de la Comisión de la Educación Básica Universal, aparte de otros fondos del Gobierno Federal. Cerca de 1,124 escuelas primarias en todo el estado son un desastre, con instalaciones de enseñanza en pésimas condiciones. Además, SERAP señaló el caso de un estudiante que fue enviado a su casa porque sus padres no podían pagar la cuota escolar ilegal de N900.

La mala práctica de exámenes es una “industria” altamente organizada, entre propietarios de escuelas, funcionarios del Ministerio de Educación del Estado, funcionarios de la certificación de West African School, vigilantes, mecanismos, y de los mismos estudiantes. Según un estudio, esto es resultado de una pobre implementación de reglas para los exámenes, sin miedo a castigos, preparación inadecuada, no hay lealtad hacia el personal de la entidad examinadora, y amenazas de estudiantes y padres de familia. Muchos padres prefieren sobornar al examinador, en lugar de pagar por clases extra para su hijo, porque eso no garantiza buenos resultados en los exámenes.

Son muchas las historias de corrupción en Nigeria. Un ejemplo es el caso del empleado de la junta de exámenes del estado quien fue llamado a declarar por la desaparición de $100,000 en cuotas de exámenes. Un analista del país dice: “Hay una percepción entre funcionarios en Nigeria que el gobierno nacional existe para repartirse el botín de la riqueza del petróleo.” Esa cultura política se filtra hacia los niveles más bajos, a tal punto que hasta policías, maestros escolares o recepcionistas de hospitales públicos pueden llegar a considerar que están en su derecho de demandar sobornos. “Las personas le ponen precio a su posición en la sociedad, que incluso aquellas con menos autoridad, lo utilizarán para extraer un poco de dinero.”

Una discusión sobre si la presidente de la Comunidad de Madrid utilizó su influencia para obtener un título de maestría ha llevado a 30 profesores de universidades de toda España a firmar una petición para denunciar continuas “corrupciones académicas” en instituciones españolas. Los profesores dicen que el caso contra el Partido Popular (PP, un partido conservador) y la presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, es “un escándalo sin precedentes” y sostienen que “el futuro de la universidad pública y ciencias en España dependerá de cómo esta crisis se resuelva”.