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El auditor-general está investigando la oficina financiera del gobierno provincial de la Provincia Oriental del Cabo, que recibe 827.000 dólares al año del gobierno federal para un fondo de becas que se supone beneficia de 650 a 700 estudiantes de la empobrecida provincia. Algunas de las becas llevan sin pagarse al menos desde 1997.

El profesorado es la llave de paso que determina la primera exposición de los estudiantes a las normas éticas y las tradiciones. Muchos observadores de la cultura académica contemporánea han documentado casos de comportamientos irresponsables y poco éticos entre el profesorado. Entre los ejemplos se citan llegar tarde clase, el uso de lenguaje vulgar en foros académicos, mostrar favoritismo entre los estudiantes, el uso indebido de fondos del campus, el plagio, relaciones sexuales con los estudiantes, el fracaso para desempeñar con eficacia las tareas administrativas y, lo más básico, la falta de voluntad para defender el valor de la verdad en la enseñanza y la investigación.

La corrupción y la mala administración han contribuido a la disminución de los estándares en los servicios públicos. Los fondos internacionales donados para el transporte escolar gratuito fueron reasignados, especialmente para la campaña electoral, afirma un diario.

Los derechos de escolaridad ad hoc aumentaron durante los últimos años. Muchos culpan al gobierno por su inadecuada contribución financiera. Sin embargo, incluso si se cobran los derechos ad hoc, ¿a dónde va finalmente el dinero? En la provincia de Hunán, en la China central, se reporta que durante seis años se ha cobrado 20 yuanes (US$ 2,20) por cada alumno. La oficina también recolectó otros millones más de los estudiantes para un fondo destinado a una instalación deportiva, pero el centro nunca se construyó.