Dos profesores del instituto Dlumana de Manyeleti, en Mpumalanga, y del instituto Tuscany Glen de Ciudad del Cabo fueron despedidos por su participación en un escándalo de trampas en los exámenes de ingreso. El profesor de Mpumalanga publicó en WhatsApp las respuestas a un trabajo sobre ciencias de la vida durante los exámenes de 2022, mientras que el de Ciudad del Cabo reenvió las preguntas de los exámenes a los alumnos a través de WhatsApp. Este incidente forma parte de un escándalo de trampas mayor en el que están implicados 935 alumnos.

La Universidad de Sudáfrica (UNISA) se sometió a una auditoría de la calidad realizada por el Consejo de Educación Superior (CHE), que suscitó preocupación por la ambigüedad de funciones entre el Senado y el Consejo, que podría vulnerar la autoridad académica. La auditoría puso de manifiesto problemas de gobernanza, inscripciones tardías que afectan al éxito de los estudiantes y lagunas en la comunicación con estos. La UNISA ha presentado un plan de mejora para resolver estos problemas y espera la respuesta del CHE.

Miles de niños de KwaZulu-Natal se han visto obligados a ir a la escuela con el estómago vacío. Esto se produce tras el colapso del Programa Nacional de Nutrición Escolar de KZN debido a irregularidades en las licitaciones y a la corrupción. El Departamento de Educación provincial aún no ha facilitado información al respecto.

El Consejo para el Aseguramiento de la Calidad en Educación y Formación General y Continua (Umalusi) está preocupado por las supuestas denuncias de trampas en las que están implicados candidatos y docentes. Según los informes, los candidatos en cuestión pagaron a los docentes para tener acceso a las respuestas publicadas en un grupo de WhatsApp en las pausas para ir al baño durante el transcurso de los exámenes. Si bien el Departamento de Educación Básica lleva a cabo una investigación, el director general de Umalusi aseguró al público que se utilizarán mecanismos rigurosos y sólidos de garantía de calidad para salvaguardar la integridad y credibilidad del Certificado Nacional Superior.

La deshonestidad académica, incluido el fraude en las disertaciones, está aumentando en las universidades de África. Sólo 24 de los 54 países africanos, cuentan con repositorios institucionales. Esto significa que las disertaciones y otras fuentes de información que pueden ser plagiadas solo existen en copias impresas. Según un profesor de Uganda, una forma de eliminar la escritura por contrato es establecer un procedimiento riguroso a lo largo del proceso de escritura y defensa de la disertación. El presidente del Sindicato de Estudiantes de África Meridional cree que pagar a los profesores unos sueldos decentes hará que disminuya el número de personas que se dedican a la escritura fantasma para los estudiantes.

La Universidad de Stellenbosch experimentó un aumento inusual de mala conducta académica entre los estudiantes, debido a las evaluaciones en línea durante la crisis del COVID. En 2020, 183 estudiantes fueron acusados de colusión, donde uno o más estudiantes ayudaron a otros durante las evaluaciones en línea, comparado con solo 2 estudiantes en 2019.  

2,400 estudiantes que escribieron varios módulos en las escuelas de agricultura, medio ambiente y ciencias humanas, han sido acusados de plagio y sus notas fueron retenidas por UNISA. Se emitieron más de 750 cartas de advertencia y siguen pendientes otros 200 casos. Las consecuencias de la trampa pueden resultar en descalificación de futuras pruebas o exámenes, y la exclusión o expulsión de la universidad.

Un profesor de la Universidad de Sur Africa (UNISA), le dió a un estudiante el trabajo plagiado de su asistente de investigación que se fue de la universidad. Le ayudó fraudulentamente a obtener una maestría y después un doctorado. UNISA le dió una advertencia válida por 12 meses.

Según la Ley del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica (SA), la afirmación falsa o fraudulenta de un título de educación superior es un delito penal sujeto a una pena de prisión o una multa. Presumir de tener un doctorado u otro título en LinkedIn o en la biografía de Twitter, puede ser suficiente para meterse en serios problemas. Según la nueva ley, los operadores de instituciones falsas, también se enfrentarán a penas de cárcel de hasta cinco años si afirman estar registrados como instituciones educativas en Sudáfrica o en el extranjero.