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La nueva legislación de Ontario prohibirá los acuerdos de confidencialidad para que los docentes no puedan ocultar un historial de conducta sexual inapropiada al postularse en otras universidades o facultades. Además, otorgará a los centros de enseñanza el derecho a despedir al personal que haya abusado de un estudiante e impedirá que vuelva a ser contratado.

Tres mujeres de Georgia y un hombre de Alabama se declararon culpables de conspirar para defraudar millones de dólares a los programas de asistencia financiera federal del Departamento de Educación de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, admitieron haber matriculado a personas que no cumplían los requisitos para asistir a la universidad y haber completado solicitudes de asistencia financiera utilizando nombres de estudiantes falsos; también hicieron deberes y exámenes falsos de los estudiantes y manipularon los requisitos de grado para seguir teniendo derecho a la asistencia financiera federal.

El Departamento de Justicia informa que dos funcionarios de educación han sido condenados a prisión tras declararse culpables de realizar inscripciones de manera fraudulenta en escuelas virtuales y luego reclamar para sí el dinero de los fondos públicos. Los distritos recibían pagos del Fondo Fiduciario para la Educación de Alabama como si los estudiantes asistieran a escuelas públicas, mientras que los acusados se apropiaban del dinero estatal en forma indebida mediante pagos directos en efectivo y pagos a terceros contratistas, cuyos dueños resultaron ser cómplices.

La Fiscalía de Estados Unidos arrestó a una enfermera especializada, por cargos federales de fraude electrónico, fraude en la ayuda financiera y robo de identidad agravado. Utilizó la información de los médicos y falsificó firmas para certificar diagnósticos de discapacidad que consiguieron la descarga de más de 10,5 millones de dólares en préstamos para al menos 125 personas. Defraudó el programa de condonación por incapacidad total y permanente del Departamento de Educación federal, que alivia los préstamos estudiantiles de quienes sufren discapacidades físicas o mentales permanentes.

Un profesor de antropología del Yale College, denunció ante el Comité Ejecutivo de la Universidad a 81 de un total de 136 estudiantes, por el uso inadecuado de materiales en línea y del curso durante los exámenes de cuaderno abierto. En 2020, el Comité Ejecutivo amonestó a 49 de los 78 estudiantes, 10 fueron puestos en libertad condicional, cinco fueron suspendidos y 14 fueron declarados no responsables o se les retiraron los cargos.

Una ex directora de finanzas y administradora de la Facultad de Medicina de Yale se declaró culpable de fraude electrónico y declaraciones de impuestos falsas durante un periodo de nueve años. Dirigía un negocio ilegal que consistía en la compra y reventa al por mayor de ordenadores y dispositivos electrónicos por un total de 40 millones de dólares en pérdidas para la universidad. Desde el incidente, la universidad ha trabajado para identificar y corregir las deficiencias de sus controles financieros internos.

Un profesor de la Universidad de Chapman ha demandado a un grupo de estudiantes que publicaron dos de sus exámenes en un sitio web de intercambio de documentos, para solicitar por adelantado respuestas a varias preguntas de redacción. Según la demanda civil presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU., el profesor solicita una indemnización por daños y perjuicios por infracción de los derechos de autor y por violación ética del código de honor de Chapman. Los ensayos contenían una advertencia que estaban protegidos por derechos de autor.

La Universidad Ashford de San Diego y su empresa matriz, Zovio, han sido multadas con 22,37 millones de dólares por tácticas de admisión fraudulentas que dejaron a los estudiantes muy endeudados y sin título. Según el juez del Tribunal Superior de San Diego, la universidad hizo afirmaciones falsas sobre los resultados de la carrera, los costes y la ayuda financiera para atraer a estudiantes vulnerables a matricularse en los programas universitarios en línea.

El FBI ha denunciado que los proveedores de comidas patrocinados por Feeding Our Future, con sede en Minneapolis, recibieron decenas de millones de dólares de los contribuyentes por alimentos que nunca proporcionaron a los niños necesitados; utilizando la mayor parte del dinero en la compra de bienes inmuebles, vehículos de lujo y otros bienes. Entre los condenados, se encuentran un reconocido director de escuela, que también dirigía varias guarderías en Georgia, varios ministros que dirigían sus propias organizaciones sin fines de lucro, que distribuían comidas y un antiguo candidato al Congreso.