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Cinco profesores de la Universidad Hassan I de Settat (Marruecos) están siendo investigados, después que se filtraran conversaciones en las redes sociales, en las que supuestamente hablaban de la "sextorsión" de alumnas para obtener créditos extra. La comunidad académica pidió un módulo de ética empresarial en los programas de formación del personal universitario para asegurar la sensibilización de las consecuencias negativas de abusar de los estudiantes.

Según una encuesta realizada por Transparencia Internacional Madagascar, el 84% de los estudiantes son víctimas de la corrupción sexual. El modus operandi más común es primero atraer a un estudiante y luego ofrecerle una buena calificación a cambio de un favor sexual. La Confederación de Sindicatos de Profesores ha denunciado la existencia de una red de protección de profesores culpables en el Ministerio de Educación Superior.

El sindicato de personal de las universidades de Kenia (KUSU), protestó por el despido del jefe de finanzas de la Universidad de Maasai Mara, que fue uno de los que denunciaron la malversación de 190 millones de KES (1.8 millones de dólares). KUSU también pidió la disolución de todo el Consejo Universitario de Maasai Mara por parte del Ministerio de Educación y la destitución del vicerrector en funciones por ocultar los hechos.

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Cuatro ex altos funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un director de una compañía han sido arrestados con cargos de corrupción relacionados a la compra de libros de texto escolares. El funcionario de educación se saltó el proceso de la cadena de suministro del departamento, al obtener un acuerdo de Material de Recursos Suplementarios (SRM) que no se necesitaba. Informes alegan que el funcionario recibió un soborno en forma de dos computadoras portátiles y un teléfono móvil de una compañía que recibió 59 millones de rands por el material SRM.

Los informes muestran que los criminales se aprovechan de los pagos en efectivo realizados por estudiantes de Africa Occidental para pagar matrículas y otros servicios en universidades del Reino Unido. Las universidades privadas y campus extranjeros transfronterizos en Africa, son usadas como inversión y para integrar las ganancias del crimen en la economía legítima. Cuando se paga más de una matrícula, solicitan a la Universidad que devuelva el sobrepago a la cuenta de un tercero, ya sea a la cuenta bancaria del distribuidor de drogas o de un funcionario sobornado.

Un estudio reciente advierte a formuladores de políticas en países en desarrollo sobre la mala calidad de la evaluación de la investigación. Los resultados muestran la infiltración de revistas sospechosas de prácticas depredadoras en la base de datos Scopus. Fueron identificados 324 revistas y 164,000 artículos publicados desde 2015-17. Como resultado, el Consejo Asesor y Selección de Contenidos de Scopus eliminó las revistas de bajo rendimiento.

Un ex Secretario Ejecutivo de la Junta de Becas del Estado de Lagos ha sido acusado de 8 cargos de conversión delictiva de N127 millones, pertenecientes a la Junta de Becas. El informe de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros, reveló que los fondos destinados al pago de las becas de los estudiantes, bienestar del personal y renovaciones de las oficinas había sido utilizado para propósitos personales.

Un informe reciente destaca los riesgos de la inversión de fondos en el sector educativo del Reino Unido por parte de «élites de Africa Occidental» condenadas por corrupción o cuyos bienes han sido embargados por el RU. Cita ejemplos de políticos que han pagado más de £850,000 (1.17 millones de dólares) por los gastos de escolarización de sus hijos. El 30% de los estudiantes de escuelas privadas tendrían vínculos financieros con “Personas políticamente expuestas”. Según la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, esto representa un mecanismo significativo para los flujos de dinero ilícito.

Un número importante de profesores están siendo acusados de conseguir sus ascensos académicos mediante publicaciones predatorias y otros medios de calidad inferior. Para combatir estas prácticas poco éticas, el Ministerio de Ciencias y Educación Superior de Etiopía (MoSHE) publicó en octubre 2020, una nueva Norma Armonizada para la Promoción del Personal Académico en las Universidades Públicas. El MoSHE afirma que la manera más segura de evitar las publicaciones predatorias es que los académicos presenten sus manuscritos a revistas que son revisadas por pares e indexadas por bases de datos tales como Scopus, Web of Science y PubMed.