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Tras la rápida transición a la entrega digital que muchas instituciones han tenido que afrontar, ha habido un aumento de los servicios en línea que ayudan a los estudiantes a hacer trampa. Una simple búsqueda en Google del término "ayuda para tareas" arrojó 279 millones de resultados a mediados de junio de 2020 y 302 millones a principios de 2021. En Australia, para ayudar a combatir el problema, el Gobierno ha aprobado una ley que tipifica como delito la prestación o la publicidad de servicios de engaño académico en la enseñanza superior, y ha publicado un conjunto de herramientas de integridad académica

La Universidad de Curtin, implicada en una investigación poco ética que utiliza tecnología de reconocimiento facial para identificar minorías uigures y tibetanas, en varias ocasiones presionó, sin éxito, para que los editores se retractaran. Una revisión interna de la investigación realizada por un profesor demitido de la universidad encontró que había violado varios códigos éticos, incluyendo el no haber obtenido permiso y aprobación. El artículo sigue en línea, a pesar de que el vicerrector de la Universidad de Curtin ha exigido a la editorial que elimine todas las referencias a la universidad.

Según un nuevo informe, el 11% de las tareas presentadas por los estudiantes de universidades australianas fueron escritas por alguien más. Más del 95% de los estudiantes que hacen trampa de esta manera, nunca son descubiertos. Una encuesta distribuida a 4,100 estudiantes en seis universidades descubrió dos tipos de trampas por contrato: pagar a otra persona para escribir el trabajo o descargarlo de una colección de trabajos ya escritos.

Una encuesta del personal de tres importantes universidades en el Sur de Australia, ha revelado acoso e intimidación generalizada, con gerentes acusados de estar más preocupados por la reputación de la institución que del bienestar académico y del personal en general. La encuesta del Comisionado Independiente contra la Corrupción, recibió respuestas de más de 3,000 empleados, y una de cinco personas dijo que sus universidades no tienen protecciones adecuadas para aquellos que quieran reportar ese tipo de malas conductas, y más del 10% dijo que sus organizaciones desalientan de manera activa este tipo de denuncias.

El jefe del Comisionado Independiente del Sur de Australia en contra de la corrupción, inició una investigación sobre denuncias de mala conducta y mala práctica por parte del vicerrector de la universidad de Adelaida, después que éste renunciara por motivos de salud. La Universidad había proyectado para este año, ganancias de más de 1 billón de dólares australianos (US$705 millones), pero éstas han sido sustituidas con pérdidas previstas de 100 millones de dólares australianos.

La Nueva Unidad de Integridad Educativa, financiada por el gobierno federal supervisará las faltas de conducta académicas en universidades australianas. Investigadores informaron de que, entre el 6 y 10 por ciento de los estudiantes han hecho trampa durante sus estudios. La nueva unidad abordará desde “amenazas emergentes” hasta integridad académica y de investigación, estándares de admisión e información, seguridad estudiantil, interferencia extranjera, seguridad cibernética, fraude y corrupción.

Las universidades australianas planean monitorear a los estudiantes a través de un software como Proctorio o ProctorU, mientras realizan los exámenes desde sus casas debido a la pandemia del coronavirus. Ambas plataformas requieren que los estudiantes concedan el acceso a la cámara web, micrófono y a las teclas, para evitar la trampa. Los estudiantes y académicos están preocupados por la falta de transparencia total donde se almacenarán los datos, quien los podrá acceder, y si cumplirán con las normas australianas vigentes.

La Agencia de Calidad y Normas para la Educación Terciaria de Australia está intensificando su cooperación con organismos reguladores para hacerle frente a la contratación de tramposos a escala industrial. Un estudio reciente, mostró que el 10 por ciento de los estudiantes les pagan a otros para completar sus evaluaciones. El Gobierno Federal ha introducido penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta $210,000 para los tramposos contratados.

El Ministro de Educación anunció que los tramposos vendiendo sus servicios a estudiantes universitarios australianos están enfrentando dos años de prisión o multas hasta por AU$100,000. Los estudiantes que hagan trampa también estarán sujetos a las políticas y sanciones académicas de sus universidades. La Agencia de Regularización y Calidad de la Educación Terciaria, estará empoderada para solicitar medidas legales para forzar a los proveedores de servicio de internet y buscadores a bloquear los sitios web dedicados a la trampa.