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Algunas universidades están siendo amenazadas con fuertes sanciones por proporcionar datos que artificialmente destacarían su desempeño en clasificaciones de prestigiosas investigaciones, usadas para destinar financiaciones del gobierno. El Consejo de Investigación de Australia ha escrito duras cartas a muchas universidades advirtiéndoles que enfrentan castigos incluyendo enjuiciamiento bajo la ley de la Mancomunidad, por proporcionar datos falsos en sus evaluaciones de excelencia investigativa.

El Ministro de Educación desea que las universidades sean más responsables en la inversión de su dinero, después que fue revelado cómo billones de dólares al año son reorientados; de la educación a la investigación. Un reporte realizado por el Instituto Grattan, encontró que las universidades reportan de una manera “opaca”, cómo gastan $ 26 billones cada año, concluyendo: “Australia necesita un sistema más transparente para reportar cómo las universidades invierten su dinero.”

Un hombre de negocios de Sídney, acusado de engañar a estudiantes extranjeros, continúa dirigiendo su operación a pesar de que está enfrentando 22 cargos de fraude y conducta indebida. Según un ex – empleado, la compañía, se hizo pasar por el cliente, configuró cuentas de correo electrónico falsas y trató de obtener visas, en violación directa con la Ley de Inmigración.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Sidney revisará una de sus unidades de estudio tras el escándalo académico en el que se vieron envueltos estudiantes que habían falsificado informes y dijeron haber entrevistado a pacientes ya fallecidos. Una portavoz de la universidad anunció que revisarían su programa anual de Medicina Poblacional Integrada, después de que se descubriera que los estudiantes habían falsificado informes que se suponían documentaban la experiencia de pacientes que vivían con enfermedades crónicas.

La Universidad de Macquarie ha revocado los títulos de grado a dos de sus estudiantes y ha evitado que 10 más terminaran sus carreras universitarias después de que una investigación independiente revelara que habían utilizado el servicio online de trabajos-fantasmas para completar sus trabajos escritos. La Universidad de Sidney del Norte ha sido la última de las instituciones en finalizar sus investigaciones a nivel interno de la fraudulenta Web MyMaster, en la que se demostraba que hasta 1.000 estudiantes de 16 universidades contrataron los servicios de la empresa online MyMaster para que les escribieran sus trabajos e hicieran sus exámenes online.

El jefe del Instituto de Educación del Hospital Royal Children renunció a raíz de la evidencia encontrada durante una investigación de anti-corrupción. El HRC dijo al Herald Sun que parecía estar involucrado en una malversación de fondos públicos distribuidos a varias organizaciones a través de “colegios banqueros”.

Un debate nacional sobre cómo financiar nuestra educación universitaria se ha apoderado de Australia. Pero quizá existe una cuestión más importante: ¿cuál es su valor? Una investigación llevada a cabo por el programa de televisión Four Corners ha sacado a la luz pública nuevas pruebas del declive de los estándares académicos en instituciones de todo el país. Profesores y tutores universitarios tratan de luchar contra una marea de malas conductas académicas y la presión de los directivos facultativos para que aprueben a estudiantes menos capaces. Hay una opinión muy extendida, y es la de que los imperativos comerciales priman sobre el rigor académico.

Un alto funcionario ha sido despedido del Departamento de Educación de Victoria acusado de dirigir un plan de corrupción para desviar dinero de fondos escolares. La primera cabeza que se pidió en las audiencias del Organismo General Independiente Anticorrupción (en inglés Independent Broad-based Anti-Corrupción - IBAC) fue la del antiguo gerente general del departamento de gestión financiera de educación.

Las principales universidades de Australia, entre las que se incluyen las prestigiosas Universidad de Sidney y Universidad Nacional Australiana, contrataron a agentes educativos corruptos que se dedicaban a falsificar expedientes académicos de potenciales estudiantes internacionales para que se aseguraran así su aceptación en el sistema de educación superior australiano.

Se estima que universidades australianas están pagando más de $250 millones a intermediarios que no están regulados para reclutar estudiantes extranjeros; a pesar que existe un conocimiento generalizado de que muchos de ellos son corruptos y poseen documentos falsos.