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De manera indebida, el gobierno de Baja California destinó 91,5 millones de pesos provenientes de fondos federales para cubrir salarios a personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en vez de canalizarlos a actividades en beneficio de escuelas y maestros, como establece el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Los puestos de los profesores están a la venta en México y esto ha sido así durante decenios. Aunque raramente discutida, esta práctica –iniciada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para recompensar a las personas leales al partido– está aparentemente muy difundida. Se informa que el precio de un puesto de profesor en una escuela pública primaria se sitúa entre $5.000 y $12.000, dependiendo del lugar. Los profesores que renuncia pueden vender sus puestos o pasarlos a sus hijos. En algunos casos por lo menos, los gobiernos locales y los sindicatos de profesores supervisan el proceso de compra y venta. Sin embargo, un reciente esfuerzo de reforma –la "Alianza por la calidad de la educación" (ACE)– suscrito por el gobierno y el sindicato nacional de profesores en mayo, basaría los nuevos nombramientos de los profesores en el mérito, mediante un examen administrado por un órgano independiente. No sorprende que este acuerdo haya generado una respuesta vociferante de la base. En muchos estados los profesores se han declarado en huelga, marchando hacia las oficinas del gobierno, cerrando escuelas y bloqueando calles.