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Una ex directora de finanzas y administradora de la Facultad de Medicina de Yale se declaró culpable de fraude electrónico y declaraciones de impuestos falsas durante un periodo de nueve años. Dirigía un negocio ilegal que consistía en la compra y reventa al por mayor de ordenadores y dispositivos electrónicos por un total de 40 millones de dólares en pérdidas para la universidad. Desde el incidente, la universidad ha trabajado para identificar y corregir las deficiencias de sus controles financieros internos.

La Universidad Ashford de San Diego y su empresa matriz, Zovio, han sido multadas con 22,37 millones de dólares por tácticas de admisión fraudulentas que dejaron a los estudiantes muy endeudados y sin título. Según el juez del Tribunal Superior de San Diego, la universidad hizo afirmaciones falsas sobre los resultados de la carrera, los costes y la ayuda financiera para atraer a estudiantes vulnerables a matricularse en los programas universitarios en línea.

El cargo de director del Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto, se ofreció a un individuo “académicamente indigno”, después que donó ocho millones de dólares a las escuelas de medicina de la universidad. Una empresa bancaria de EU, que supuestamente hizo grandes donaciones a través de su fundación a al menos 60 universidades, exigió impartir un curso sobre una determinada perspectiva política. Como consecuencia, las universidades en Norte América están desarrollando políticas escritas para evitar la influencia indebida de los donantes.

Un informe de 2019 muestra que no se reportaron $6.5 billones en regalos extranjeros a instituciones de los Estados Unidos. Para que las universidades rindan cuentas y asegurar que sus informes estén completos, exactos y transparentes, el Departamento de Educación hace cumplir la Sección 117 de la Educación Superior, la cual requiere que universidades reporten todos los regalos y contratos por un valor de $250,000 o más que involucren a fuentes extranjeras.

El presidente de la Universidad Marítima del Caribe (CMU) junto con el Ministro de Educación están siendo investigados por asuntos de corrupción. Durante la pasada sesión del Comité de Apreciación y Administración Pública (PAAC), el presidente de la CMU admitió que se pagaron más de $600,000, para un yate de entretenimiento para el ministro de educación. Según los documentos, la Universidad basada en el este de Kingston, pagó a dos compañías un total de $674,930 para arrendar y decorar el yate.

Miembros de un equipo especial del Departamento de Educación que habían estado investigando abusos generalizados por universidades con fines de lucro han sido marginados, reasignados u ordenados a enfocarse en otras cuestiones, según empleados actuales y anteriores. El equipo investigativo se creó en 2016 después de un colapso de las universidades corintias con fines de lucro, lo cual desencadenó una ola de reclamos de los estudiantes acerca de actividades predatorias en escuelas con fines de lucro. Las instituciones habían sido acusadas de fraude generalizado por falsificar beneficios de inscripciones, ofertas de programas e índices de colocación laboral, que podrían dejar a los estudiantes con enormes deudas y sin diplomas.

La Universidad de Kansas y la Universidad Estatal de Carolina del Norte han sido implicadas en un escándalo de deporte colegial, después que fiscales de Nueva York decidieron extender el caso que involucra al fabricante alemán de ropa deportiva Adidas. En septiembre, un ejecutivo de Adidas, junto con cuatro asistentes de entrenadores de baloncesto de la Universidad de Arizona, Universidad de Auburn, Universidad de California del Sur y la Universidad Estatal de Oklahoma, fueron arrestados con cargos federales de corrupción relacionados con el pago de incentivos a atletas estrellas.

Más instituciones canadienses enfrentarán controversias sobre la influencia de donantes a programas, si no replantean su relación con donantes privados; advierten académicos que han estudiado la relación entre donaciones e instituciones educacionales. Esto a consecuencia de una hilera de casos de la pasada década, que han llevado a académicos a lo largo del país a criticar instituciones post-secundarias que parecen estar dispuestas a compartir el control de sus agendas de investigación con contribuyentes privados.

Tras siete meses de investigación, se ha descubierto que un buen número de universidades de Chile se encuentran operando de manera ilegal como negocios con fines lucrativos. Entre los descubrimientos realizados por este informe dirigido por un comité especial de investigación se encuentran los siguientes: ocho universidades violaron las leyes existentes que van en contra de la especulación, suben los sueldos de los ejecutivos, circulación de fondos entre empresas bajo una misma propiedad privada y que la externalización de servicios es un medio para generar ingresos.