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Más de 600 estudiantes de la Universidad de Otago fueron sancionados el año pasado por conducta criminal o desordenada y por falsedad. Sus infracciones incluían alteraciones electrónicas de resultados de exámenes, falsificación de documentos, plagio, robo de trabajos o pertenencias a otros estudiantes, prender fuego a sofás, asalto, entrar en lugares de propiedad privada sin permiso, daños intencionados y comportamiento ofensivo.

El fraude alcanza una cota mayor de 20% en la universidad más grande del país. Se identificaron 201 casos el año pasado, comparados con 166 en 2007, si bien la matrícula se mantuvo constante en 38.550 estudiantes. La utilización de celulares, el fisgoneo de notas y material no autorizado con calculadoras, diccionarios, dispositivos electrónicos y respuestas escritas antes de que comiencen los exámenes son algunos de los nuevos y viejos métodos para trampear.

El proyecto de enmienda de la ley de educación propone la creación de un programa de información que permitirá identificar a los profesores que enseñan sin disponer de un certificado o autorización para hacerlo. Asimismo, la ley ofrece una mayor claridad a los consejos escolares de fideicomisarios sobre sus papeles y aumenta la flexibilidad en relación con el período de elecciones de los consejos, la creación de consejos y la conformación de consejos alternativos.