Tras los dos escándalos protagonizados por dos políticos en la Universidad Nacional de Taiwán, el presidente del Sindicato de Educadores de EscuelasPrivadas pidió al Ministerio de Educación que impidiera el plagio de tesis universitarias. Es poco probable que los académicos denuncien la conducta inapropiada de los políticos que estudian. En lugar de verse comprometidos por los favores de los políticos, los directores de tesis deberían ser los guardianes de la ética académica.

Un nuevo informe de la Comisión de Servicios Educativos (CES) ha revelado que, desde 2003, 1.000 profesores fantasma figuran en la nómina del Estado. Más de 600 "docentes fantasma" de varios centros de enseñanza secundaria y superior accedieron a la nómina con cartas de nombramiento falsas firmadas por funcionarios, mientras que 400 docentes carecían de licencia para ejercer. Según el informe, en unos pocos centros los docentes nombrados no impartían clase, sino que subcontrataban a docentes particulares para desempeñar sus funciones.

Una investigación determinó que casi 170 residentes presuntamente cometieron fraude en las subvenciones del Plan de Desarrollo de la Educación Continua, lo que supuso más de 1 millón de MOP. Entre 2016 y 2019, dos miembros del personal suscitaron el interés de los residentes para que solicitaran cursos subvencionados ante la Oficina de Educación y Asuntos de la Juventud para el Plan de Desarrollo de la Educación Continua. El centro informó sobre registros de asistencia falsos y se confabuló con instructores y alumnos para falsificar registros de asistencia, mientras que los alumnos recibían reembolsos en efectivo por valor de la mitad de las subvenciones abonadas o realizaban otros cursos impartidos por el centro en forma gratuita.

La Dirección de Vigilancia y Anticorrupción (DVAC por sus siglas en inglés) acusó formalmente a ocho personas, entre ellas cuatro exempleados de la universidad y cuatro particulares, por delito de conspiración, abuso de confianza, estafa, adulteración y falsificación de cuentas. Al examinar los detalles de matrículas y aranceles de 16.580 estudiantes, los funcionarios de la DVAC descubrieron que el número de serie de un cheque a la vista se utilizaba en repetidas ocasiones para distintos estudiantes.

La Universidad de Johannesburgo (UJ) es la primera institución terciaria sudafricana que utiliza la tecnología blockchain como medida de seguridad adicional para proteger sus certificados contra alteraciones o falsificaciones. El Director de la Administración Académica Central pide a todas las instituciones terciarias que mejoren en forma conjunta la integridad de sus certificaciones y permitan que las empresas instauren un sistema de verificación de certificaciones sencillo y sin costo alguno, lo que ayudará a evitar el fraude en los certificados y a frenar la falsificación.

La Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción (EACC) está investigando decenas de casos que implican a políticos, funcionarios estatales y públicos en relación con la falsificación de títulos, la asignación ilegal de recursos, el empleo irregular y la aprobación de presuntos proyectos de ley pendientes. Según el director general de la EACC, se recuperará el dinero y los bienes de los políticos que utilizaron certificados académicos falsos para obtener cargos electivos, incluso de los que se jubilaron.

Un estudio reciente realizado en Kenia reveló que el 68% de los encuestados había incurrido en alguna forma de mala conducta, mientras que el 36% admitió haber cometido las infracciones más graves de fabricación, falsificación o plagio. Para promover las prácticas éticas de investigación, la transparencia, la equidad, la responsabilidad y el rigor en todo el continente, se ha puesto en marcha la Red Africana de Integridad en la Investigación (ARIN). La asociación se registrará en diferentes países donde se establecerán nodos.

Un informe del Tribunal Superior de Calcuta muestra cómo la Comisión Central de Servicios Escolares de Bengala Occidental (WBSSC) presuntamente hizo un uso indebido de la Ley de Derecho a la Información (RTI) para facilitar contrataciones ilegales. El presidente de la WBSSC había dado instrucciones a los presidentes de las cinco comisiones regionales para que escanearan y almacenaran sus firmas en el servidor de aplicaciones de la WBSSC. Posteriormente, se utilizaron como firmas digitales ilegales para más de 500 cartas de recomendación falsas, supuestamente entregadas en mano a los candidatos que no lo merecían.

Un falsificador detectado en 2019 por el Ministerio de Educación Superior ha sido acusado de falsificación, y venta de documentos oficiales, fraude y blanqueo de capitales. Desde 2015, vendía miles de diplomas falsos a 200 euros cada uno. Con la complicidad de un conductor de taxi-ambulancia que fotografiaba los documentos de los pacientes, compraba tarjetas de prepago con estas identidades falsas, que luego eran pagadas mediante transferencias electrónicas por los compradores de los diplomas falsos a través de sus propias tarjetas de prepago.

La Universidad Nacional de Pusan, anunció la decisión de revocar la admisión de 2015, de la hija del ex ministro de Justicia en su facultad de medicina porque sus padres falsificaron sus credenciales. El reglamento de admisión estipula que los solicitantes no pueden ser admitidos si su documentación es falsa, y puede ser cancelada incluso décadas después de la graduación si se descubre el fraude.