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El Ministerio de Educación informa que está prohibido cualquier tipo de contribución económica por parte de los padres de familia, para la adecuación de fachadas de aulas u otros gastos por la finalización del año escolar; conforme lo establecen la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y los lineamientos Gubernamentales sobre medidas de previsión, contención, estabilidad emocional y económica de la comunidad educativa. Esta cartera de Estado garantiza el derecho a la gratuidad de la educación, realiza el seguimiento a las irregularidades y aplica correctivos a los infractores.

Informes indicaban que se esperaba que 14.6 millones de iraníes comenzaran clases, pero que el país no estaba en condiciones de ubicarlos a todos. Un gran número de instituciones que se encuentran deterioradas, no han recibido la financiación necesaria para reconstruirlas y, además se señaló que había una escasez de cerca de 100,000 profesores en todo el país. Estudiantes de la universidad de Amir Kabir, en Tehran, participaron en una manifestación en contra de prácticas corruptas donde aumentan las cuotas a niveles que ya no pueden pagar.

Un grupo defensor de anticorrupción, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP), ha demandado al gobernador del estado de Delta, por los escasos recursos financieros de la educación primaria de su estado. Su administración ha recibido N7.8bn de parte de la Comisión de la Educación Básica Universal, aparte de otros fondos del Gobierno Federal. Cerca de 1,124 escuelas primarias en todo el estado son un desastre, con instalaciones de enseñanza en pésimas condiciones. Además, SERAP señaló el caso de un estudiante que fue enviado a su casa porque sus padres no podían pagar la cuota escolar ilegal de N900.

Mientras otro año académico comienza en Afganistán, el país continúa enfrentando inseguridad, una epidemia de corrupción dentro del sistema educativo y viejas costumbres que mantienen a estudiantes y maestros calificados lejos de las aulas. La violencia y la corrupción son problemas difíciles de resolver solo a nivel comunitario. El aumento de la violencia obligó el cierre de más de 1000 escuelas desde 2016 y según un informe elaborado por el supervisor de corrupción independiente del país, la corrupción está teniendo efectos “devastadores” en el sistema educativo y en el país.