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Los puestos de los profesores están a la venta en México y esto ha sido así durante decenios. Aunque raramente discutida, esta práctica –iniciada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para recompensar a las personas leales al partido– está aparentemente muy difundida. Se informa que el precio de un puesto de profesor en una escuela pública primaria se sitúa entre $5.000 y $12.000, dependiendo del lugar. Los profesores que renuncia pueden vender sus puestos o pasarlos a sus hijos. En algunos casos por lo menos, los gobiernos locales y los sindicatos de profesores supervisan el proceso de compra y venta. Sin embargo, un reciente esfuerzo de reforma –la "Alianza por la calidad de la educación" (ACE)– suscrito por el gobierno y el sindicato nacional de profesores en mayo, basaría los nuevos nombramientos de los profesores en el mérito, mediante un examen administrado por un órgano independiente. No sorprende que este acuerdo haya generado una respuesta vociferante de la base. En muchos estados los profesores se han declarado en huelga, marchando hacia las oficinas del gobierno, cerrando escuelas y bloqueando calles.

La Comisión de Educación Superior (HEC, por sus siglas en inglés) de Pakistán ha pedido que todas las universidades del país presenten una copia digital o computarizada de las tesis presentadas por los estudiantes para obtener su M Phil o su PhD, de manera que se puedan cargar todas las tesis en su sitio en la Web y efectuar una verificación automática. Según algunas fuentes, la HEC ha pedido a los administradores de las universidades que adviertan a los estudiantes de posgrado que eviten el plagio, pues traería como consecuencia la cancelación de sus diplomas. Más de 5.000 personas han recibido su diploma de PhD en diferentes universidades del país, de las cuales 1.000 han registrado sus tesis en el sitio en la Web de la HEC. 

El Gobierno de Bangladesh decidió advertir a los estudiantes y sus tutores de la existencia de universidades privadas que abren campus externos bajo la forma de centros regionales de recursos, centros de estudio, etc. En el ministerio se sabe que los estudiantes que se inscriben en esas universidades locales no autorizadas son estafados frecuentemente. Actualmente hay en Bangladesh 51 universidades privadas que funcionan según la Ley de Universidades Privadas (Private University Act) de 1992, enmendada en 1998.

La Junta Nacional para la Educación Superior de Indonesia ha anunciado su determinación de hacer una limpieza en un sector plagado de mala práctica. El consejo ha establecido 2012 como objetivo para librar a las universidades de cursos universitarios no acreditados.

El Consejo Nacional de la Educación Superior ordenó la clausura de la Luweero University y la Central Buganda University (CBU). El Consejo anunció asimismo que las universidades Namasagali y Fairland tienen plazo hasta diciembre para mejorar sus instalaciones o enfrentar la clausura. El director adjunto del Consejo afirmo que han escrito al Inspector General de la Policía para que proceda al cierre. "La Luweero University y la CBU son ilegales y los estudiantes que las frecuentan lo hacen a su propio riesgo. El Consejo no las reconoce como universidades y hemos pedido a la policía que las clausure". Ambas universidades tienen más de 2.000 estudiantes cursando administración de negocios, trabajo social y administración social, así como informática.

El ministro de educación de Sierra Leona ordenó un ejercicio de verificación a escala nacional. Muchas escuelas y profesores actualmente registrados simplemente no existen. Según él: "Si se toma en cuenta los subsidios que pagamos por las escuelas no existentes, los profesores no existentes y la lista inflada de alumnos, es fácil suponer que el gobierno pierde decenas de miles de dólares cada mes". El ministro acusa a funcionarios de su propio ministerio de colusión con sus contrapartes en el Ministerio de Finanzas.

A pesar de las promesas de grandes reformas en la educación hechas por el nuevo presidente, el sistema soviético sigue funcionando. Muchos alegan que los burócratas que participan en la renovación de las escuelas frecuentemente firman contratos dobles con empresas constructoras extranjeras, deliberadamente concebidos para permitir que una gran proporción de los costos que figuran en los contratos desaparezcan. Además, los sobornos se siguen considerando como un segundo prerrequisito para la admisión en la universidad, tras las notas obtenidas en los exámenes de ingreso estandarizados.

En 2002, el asistente del Jefe de Misión de la Embajada de Liberia inició sus transacciones fraudulentas con propietarios estadounidenses de la fábrica de diplomas de St. Regis. Convinieron en vender acreditaciones de las universidades de Liberia al "St. Regis University" por $ 2.250. Luego decidieron crear otras dos fábricas de diplomas: Robertstown y James Monroe. A fines de 2003, los funcionarios de Liberia bajo su control incluían a diplomáticos de alto nivel en por lo menos dos embajadas, un ministro de justicia, un ministro de relaciones exteriores, dos directores sucesivos de la Comisión Nacional de Educación Superior de Liberia, así como a varios diplomáticos y funcionarios, entre los cuales había algunos del Ministerio de Educación. El servicio secreto de los Estados Unidos finalmente reveló sus malversaciones.

Desde 1955 hasta 2001, las fábricas de diplomas de Nigeria produjeron anualmente alrededor del 15% del total de graduados universitarios del país. En los últimos nueve años se ha desatado una intensa actividad para erradicar las fábricas de diplomas. En 1999, el Consejo Nacional de Educación (CNE) dirigió la clausura de todos los campus nacionales y satélites extranjeros. También se alió con el Department of State Services (el servicio secreto de Nigeria) para localizar, arrestar y enjuiciar a los operadores de universidades y campus satélites no autorizados. Finalmente, ordenó que las universidades autorizadas difundieran plenamente sus programas, que han sido registrados en el Directorio de Programas Autorizados en el Sistema Universitario de Nigeria.

La semana pasada, la Comisión Nacional de Universidades (CNU) reveló la existencia de 33 universidades ilegales en el país. En mayo, la CNU había declarado que dieciseis de estas instituciones eran ilegales y previno a los nigerianos para que no las frecuentaran. También se declararon iegales los campus satélites, los campus de extension cultural y los centros de estudio sin licencia en todo el país. El órgano regulador de las universidades también declaró que no había autorizado a ninguna universidad foránea para que operara en el país. La CNU dijo que cinco propietarios de ese tipo de instituciones habían sido detenidos y enjuiciados para disuadir a otros.