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El jurado de inculpación federal de Kansas acusó hace un mes a un ex entrenador de baloncesto de una facultad de haber arreglado que sus jugadores recibieran créditos académicos fraudulentos y haber robado US$ 120.000 en Pell Grants. El ex entrenador se expone a un total de 51 años de prisión y más de US$ 1,5 millones en multas si se lo encuentra culpable de todos los cargos.

Un auditor ha sido acusado de haber maquillado las cuentas para ayudar a ocultar el robo de más de 11 millones de dólares. Las acusaciones implican al superintendente de distrito por el robo de más de 2 millones de dólares, al superintendente adjunto, por apropiación indebida de 4 millones de dólares, y a un ex empleado de contabilidad de la escuela, por el robo de 780.000 dólares. El dinero se estaba destinando a la compra de obras de arte, joyas, viajes al extranjero e hipotecas de viviendas. El escándalo ha desencadenado un cambio radical en la forma de auditar las finanzas de los centros escolares en todo el estado.

Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.

El Ministerio de Educación debe explicar por qué aceptó a una empresa de préstamos para los estudiantes que una auditoría había sindicado por malos manejos de millones de dólares. La empresa recibió los fondos de un programa de subsidio que le garantizaba una tasa de interés de 9,5% sobre los préstamos a los estudiantes. En un convenio concluido en enero, el ministerio autorizó a la empresa a conservar los 278 millones de dólares recibidos, pero suspendió pagos futuros por más de 800 millones de dólares, hasta que una próxima auditoría pueda determinar si la empresa reúne las condiciones para ser elegida.

Stossel afirma que en las escuelas estadounidenses se está imponiendo una cultura de corrupción financiera. Según él, existe el mito arraigado de que el sistema educativo necesita más dinero. Estados Unidos gasta más en educación que muchos de los países que obtienen mejores resultados en las pruebas internacionales. Pero los burócratas siguen culpando del fracaso escolar a la falta de fondos y siguen exigiendo más dinero.

Un informe de la Fundación Grupo Civico Etica y Transparencia (EyT) muestra los resultados del proyecto "Prevención de la corrupción en el sistema educativo". Tras supervisar importantes contratos para el mantenimiento de las escuelas en las áreas rurales, EyT encontró que una parte considerable del presupuesto del Ministerio de Educación destinado a contratos públicos presentaba irregularidades. Aconsejó al ministerio que fortalezca el control de la calidad de los materiales y ejecute auditorías internas regularmente.

De manera indebida, el gobierno de Baja California destinó 91,5 millones de pesos provenientes de fondos federales para cubrir salarios a personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en vez de canalizarlos a actividades en beneficio de escuelas y maestros, como establece el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Tras siete meses de investigación, se ha descubierto que un buen número de universidades de Chile se encuentran operando de manera ilegal como negocios con fines lucrativos. Entre los descubrimientos realizados por este informe dirigido por un comité especial de investigación se encuentran los siguientes: ocho universidades violaron las leyes existentes que van en contra de la especulación, suben los sueldos de los ejecutivos, circulación de fondos entre empresas bajo una misma propiedad privada y que la externalización de servicios es un medio para generar ingresos.

Un nuevo informe del gobierno sobre técnicas de contratación en la industria de la educación superior con ánimo de lucro encuentra casos de funcionarios universitarios que les piden a los solicitantes que inventen niños y oculten sus ahorros como una manera de conseguir más ayuda federal.

En el año fiscal 2010 los centros educativos, universidades y otras instituciones académicas han recibido de miembros individuales del Congreso algo menos de dos mil millones de dólares estadounidenses en subvenciones, según revela un análisis de la revista Inside Higher Ed. Estas marcas anuales son ridículas y se las suele tachar de "gastos de clientelismo", ya que se contemplan como intentos de los legisladores por mantener felices a sus electores para que les voten.