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El jurado de inculpación federal de Kansas acusó hace un mes a un ex entrenador de baloncesto de una facultad de haber arreglado que sus jugadores recibieran créditos académicos fraudulentos y haber robado US$ 120.000 en Pell Grants. El ex entrenador se expone a un total de 51 años de prisión y más de US$ 1,5 millones en multas si se lo encuentra culpable de todos los cargos.

Un auditor ha sido acusado de haber maquillado las cuentas para ayudar a ocultar el robo de más de 11 millones de dólares. Las acusaciones implican al superintendente de distrito por el robo de más de 2 millones de dólares, al superintendente adjunto, por apropiación indebida de 4 millones de dólares, y a un ex empleado de contabilidad de la escuela, por el robo de 780.000 dólares. El dinero se estaba destinando a la compra de obras de arte, joyas, viajes al extranjero e hipotecas de viviendas. El escándalo ha desencadenado un cambio radical en la forma de auditar las finanzas de los centros escolares en todo el estado.

El Ministerio de Educación debe explicar por qué aceptó a una empresa de préstamos para los estudiantes que una auditoría había sindicado por malos manejos de millones de dólares. La empresa recibió los fondos de un programa de subsidio que le garantizaba una tasa de interés de 9,5% sobre los préstamos a los estudiantes. En un convenio concluido en enero, el ministerio autorizó a la empresa a conservar los 278 millones de dólares recibidos, pero suspendió pagos futuros por más de 800 millones de dólares, hasta que una próxima auditoría pueda determinar si la empresa reúne las condiciones para ser elegida.

Stossel afirma que en las escuelas estadounidenses se está imponiendo una cultura de corrupción financiera. Según él, existe el mito arraigado de que el sistema educativo necesita más dinero. Estados Unidos gasta más en educación que muchos de los países que obtienen mejores resultados en las pruebas internacionales. Pero los burócratas siguen culpando del fracaso escolar a la falta de fondos y siguen exigiendo más dinero.

Un nuevo informe del gobierno sobre técnicas de contratación en la industria de la educación superior con ánimo de lucro encuentra casos de funcionarios universitarios que les piden a los solicitantes que inventen niños y oculten sus ahorros como una manera de conseguir más ayuda federal.

En el año fiscal 2010 los centros educativos, universidades y otras instituciones académicas han recibido de miembros individuales del Congreso algo menos de dos mil millones de dólares estadounidenses en subvenciones, según revela un análisis de la revista Inside Higher Ed. Estas marcas anuales son ridículas y se las suele tachar de "gastos de clientelismo", ya que se contemplan como intentos de los legisladores por mantener felices a sus electores para que les voten.

Una mujer en Arizona se declara culpable de dirigir un elaborado timo que pone de relieve lo que las autoridades federales describen como la vulnerabilidad de la educación online en cuanto al fraude de ayuda financiera. El proyecto implica al Instituto de Rio Salado, sede de uno de los mayores programas online de América, en un timo de medio millón de dólares.

El Departamento de Justicia y cuatro estados presentaron una demanda de fraude de miles de millones de dólares en contra de la Educación Management Corporation, la segunda mayor empresa de la universidad con fines de lucro de la nación, alegando que no tenía derecho a los 11 mil millones de dólares de ayuda financiera estatal y federal que había recibido entre julio de 2003 y junio de 2011.

Los órganos de acreditación mantienen a cientos de escuelas con unos bajos índices de alumnos graduados o con un alto número de impagos de sus préstamos. La mayoría de las universidades no pueden mantener sus puertas abiertas sin un sello de aprobación de algún órgano de acreditación, que se necesita para que los estudiantes tengan acceso a préstamos y becas federales. Pero los órganos de acreditación casi nunca expulsan a las universidades con peores resultados académicos y carecen de estándares uniformes para evaluar los índices de graduación y los impagos de préstamos.

El presidente y Director Ejecutivo de una universidad privada para estudiantes extranjeros ha sido sentenciado a 16 años de cárcel por defraudar al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional tras emitir documentos de visados falsos para estudiantes internacionales como pagos por las tasas de matrículas.