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El Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley para hacer frente al aumento de casos de acoso sexual en las instituciones de enseñanza superior nigerianos. La ley prevé penas de prisión de hasta 14 años para cualquier académico culpable de conducta sexual inapropiada hacia estudiantes. Según un estudio del Banco Mundial, el 70% de las mujeres egresadas de instituciones de enseñanza superior nigerianas sufrieron acoso sexual en la escuela por parte de sus pares y docentes. Esto demuestra la necesidad de reforzar los mecanismos de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior de Nigeria para controlar las actividades de docentes y estudiantes.

Varias de las mejores universidades de Australia han confirmado en un comunicado que a principios de este año fueron informadas de "un aumento significativo de certificados analíticos fraudulentos del Diploma de Enseñanza Secundaria de Ontario". Como consecuencia de ello, las universidades aceptarán estudiantes de un número seleccionado de escuelas de Ontario que hayan pasado por un riguroso proceso de verificación. La cobertura en idioma chino de las acusaciones de fraude incluía una lista de 152 escuelas que las universidades australianas habían considerado "no verificadas o no genuinas".

La nueva legislación de Ontario prohibirá los acuerdos de confidencialidad para que los docentes no puedan ocultar un historial de conducta sexual inapropiada al postularse en otras universidades o facultades. Además, otorgará a los centros de enseñanza el derecho a despedir al personal que haya abusado de un estudiante e impedirá que vuelva a ser contratado.

Los organismos educativos de todo el mundo están aunando fuerzas para luchar contra el aumento de los servicios de engaño comercial dirigidos a estudiantes de todo el mundo. La reciéntemente creada Red Mundial de Integridad Académica (GAIN por sus siglas en inglés) compartirá experiencias y recursos para ayudar a las jurisdicciones a elaborar legislación, enfoques y marcos normativos que penalicen la facilitación y la publicidad de servicios de engaño. Fue fundada por Calidad y Cualificaciones de Irlanda (QQI por sus siglas en inglés) y la Agencia de Estándares y Calidad de la Educación Terciaria de Australia, y se presentó en Dublín el pasado mes de octubre.

Las universidades de Australia Occidental se han visto envueltas en denuncias de que sus estudiantes están pagando a un servicio de escritura fantasma académica para completar sus tareas. Un denunciante afirma haber realizado trabajos para estudiantes de universidades de Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. La Agencia de Estándares y Calidad de la Educación Terciaria de Australia acaba de tomar medidas contra los sitios comerciales de trampas académicas valiéndose de las nuevas leyes anti trampas de Australia. Los estudiantes que pagan por hacer trampas están sujetos a las políticas disciplinarias de su institución.

Para aumentar la comercialización de sus servicios, las fábricas de ensayos ahora utilizan sitios web de comparación. Según un experto en integridad académica y trampas, hay más de mil sitios en una web de comparación. Muchos de estos sitios ofrecen planes de compra de uno a uno o de fidelización, y cuando los estudiantes intentan retirarse, pueden ser víctimas de chantaje, por medio de cartas legales falsas. El Gobierno del Reino Unido está introduciendo una legislación para prohibir las fábricas de ensayos y su publicidad, pero como la mayoría tienen su sede en el extranjero, los expertos temen que estén fuera del alcance de la legislación.

Una ex directora de finanzas y administradora de la Facultad de Medicina de Yale se declaró culpable de fraude electrónico y declaraciones de impuestos falsas durante un periodo de nueve años. Dirigía un negocio ilegal que consistía en la compra y reventa al por mayor de ordenadores y dispositivos electrónicos por un total de 40 millones de dólares en pérdidas para la universidad. Desde el incidente, la universidad ha trabajado para identificar y corregir las deficiencias de sus controles financieros internos.

El Tribunal Superior del Estado de Gombe condenó a un director de escuela secundaria jubilado a dos años de prisión, por fraude y gestión de instituciones ilegales. Entre 2009 y 2015, estafó a los candidatos por más de 3,8 millones de euros, con el pretexto de ofrecerles la admisión en sus tres instituciones superiores ilegales.

En los últimos dos años, han faltado 100,000 alumnos de las listas de escolarización. El Gobierno ha anunciado que se introducirá un registro nacional para evaluar cuántos alumnos no asisten a la escuela en todo el país. El Libro Blanco sobre las escuelas anunció que se introducirían leyes para modernizar el registro de asistencia, con una "solución nacional de datos" utilizada para hacer un seguimiento de la asistencia y proporcionar una "red de seguridad" para los alumnos vulnerables en riesgo de desaparecer de las listas escolares.