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La policía, en colaboración con las autoridades educativas, está investigando un gran número de denuncias de fraude presentadas por estudiantes internacionales de institutos terciarios de todo el país. El hombre que ha hecho saltar las alarmas alega haber sido contratado para redactar las admisiones de estudiantes de diversas universidades que no cumplían los criterios de nivel lingüístico.

Interesados ofrecen sus opiniones sobre la vigilancia de las universidades pidiendo enfrentar a las páginas web dedicadas al plagio de ensayos. Ofrecen varias soluciones a este creciente problema, incluyendo convertir esos servicios en ilegales, reducir el número de tareas evaluadoras que los estudiantes deben completar, enfocarse en exámenes en las clases más que en ensayos, y facilitarles a los profesores el conocimiento de las capacidades de un estudiante para que puedan darse cuenta cuando un trabajo no se asemeja a los niveles estándares del estudiante.

Las universidades de los E.E.U.U. usan una variedad de enfoques para combatir la trampa, desde programas avanzados de detección de plagio, acciones legales en contra de compañías que ofrecen servicios de escritura de materias, hasta entrevistas con estudiantes sospechosos de hacer trampa por contrato. En Canadá, el Consejo de Integridad Académica de Ontario reúne dos veces al año a funcionarios universitarios para compartir las mejores prácticas. Australia y Nueva Zelanda cuentan con una legislación similar: penas de prisión de hasta dos años y fuertes multas.

Los servicios de trampas académicas en línea que ofrecen hacer trabajos por menos de 100 dólares australianos se dirigen a los estudiantes internacionales de Australia que realizan cursos de formación profesional en universidades privadas, incluidos los que no requieren asistencia a clase. Según la ley introducida en septiembre de 2020, los proveedores que se encuentren vendiendo o anunciando servicios de engaño por contrato, pueden enfrentarse a hasta dos años de prisión y una multa de hasta 110,000 dólares. Los proveedores de educación superior instan al gobierno federal a ampliar esta legislación al sector de la Formación Profesional.

Aunque las autoridades irlandesas han tomado medidas, como la promulgación de leyes que penalizan a las fábricas de ensayos, los funcionarios creen que las universidades necesitan una financiación específica para ayudar a proteger la calidad y la integridad de la enseñanza y el aprendizaje. Los informes muestran que el 10% de los estudiantes han utilizado servicios de engaño por contrato y que pueden pasar desapercibidos en los programas de detección de plagio.