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Cuatro funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un empresario se enfrentan a cargos de corrupción, fraude, robo e infracción de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas por 59 millones de rands destinados a libros de texto. Bajo el pretexto de que las escuelas contaban con recursos suficientes para libros de texto, decidieron, sin permiso del Tesoro Nacional, que el 80% del presupuesto se desviara y se utilizara para la adquisición de material de recursos complementarios, principalmente equipos informáticos y fotocopiadoras.

Como resultado del brote del COVID-19, no se pudo proceder con el proyecto para construir una escuela de formación técnica y vocacional de vanguardia, de 866 millones de ZAR (60 millones de dólares) en una de las ciudades más pobres de Africa del Sur. El proyecto fue detenido por el Ministro de Educación Superior, pero el dinero no se ha regresado al Tesoro Nacional ni contabilizado de acuerdo a la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas.

La Universidad de Stellenbosch experimentó un aumento inusual de mala conducta académica entre los estudiantes, debido a las evaluaciones en línea durante la crisis del COVID. En 2020, 183 estudiantes fueron acusados de colusión, donde uno o más estudiantes ayudaron a otros durante las evaluaciones en línea, comparado con solo 2 estudiantes en 2019.  

Cuatro ex altos funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un director de una compañía han sido arrestados con cargos de corrupción relacionados a la compra de libros de texto escolares. El funcionario de educación se saltó el proceso de la cadena de suministro del departamento, al obtener un acuerdo de Material de Recursos Suplementarios (SRM) que no se necesitaba. Informes alegan que el funcionario recibió un soborno en forma de dos computadoras portátiles y un teléfono móvil de una compañía que recibió 59 millones de rands por el material SRM.

2,400 estudiantes que escribieron varios módulos en las escuelas de agricultura, medio ambiente y ciencias humanas, han sido acusados de plagio y sus notas fueron retenidas por UNISA. Se emitieron más de 750 cartas de advertencia y siguen pendientes otros 200 casos. Las consecuencias de la trampa pueden resultar en descalificación de futuras pruebas o exámenes, y la exclusión o expulsión de la universidad.

Según el documento de la directora de los Servicios de Recursos de la Educación Superior de África del Sur (HERS-SA), 41 de las mujeres que participaron (50%) habían sufrido acoso trabajando en el sector de la educación superior. Varias instituciones sudafricanas, entre ellas la Universidad de Ciudad del Cabo (UCT), la Universidad de Venda y UNISA, han sido noticia por las denuncias de acoso, en medio de otras controversias. En la UCT, 37 académicos y miembros del personal acusaron al vicerrector de haberlos intimidado. Las investigaciones también demuestran que algunas de las víctimas son acosadas porque observaron y hablaron sobre corrupción, o peor aun cuando fueron obligadas a formar parte de procesos corruptos.

Un profesor de la Universidad de Sur Africa (UNISA), le dió a un estudiante el trabajo plagiado de su asistente de investigación que se fue de la universidad. Le ayudó fraudulentamente a obtener una maestría y después un doctorado. UNISA le dió una advertencia válida por 12 meses.

Según la Ley del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica (SA), la afirmación falsa o fraudulenta de un título de educación superior es un delito penal sujeto a una pena de prisión o una multa. Presumir de tener un doctorado u otro título en LinkedIn o en la biografía de Twitter, puede ser suficiente para meterse en serios problemas. Según la nueva ley, los operadores de instituciones falsas, también se enfrentarán a penas de cárcel de hasta cinco años si afirman estar registrados como instituciones educativas en Sudáfrica o en el extranjero.

Un número de altos funcionarios del Cabo Oriental han sido acusados de corrupción en relación a un programa de nutrición escolar de la provincia por R1 billón; otro caso involucra irregularidades relacionadas al suministro de infraestructuras escolares o denuncias de corrupción en el Departamento de Educación de Limpopo, por el otorgamiento de un contrato a EduSolutions. El contrato para la adquisición de libros de texto escolares en la provincia fue cancelado en 2012, después de haberse pagado millones a EduSolutions.