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El departamento de educación de primaria y secundaria ha cancelado los contratos de 104 maestros y otros empleados del distrito tribal fusionado, por la obtención de trabajos con títulos falsos o por ausentarse del trabajo por largos períodos de tiempo en las últimas dos décadas. El departamento de educación examinará las licenciaturas y certificados de todos los empleados de los distritos tribales.

Hay 27 casos sospechosos de irregularidades en la administración escolar del Ministerio de Educación. Estas irregularidades incluyen paquetes escolares y diplomas falsos, por un valor total de dos millones de dólares.
 

El informe del Sindicato Africano demuestra que al menos el 57% de las personas que se ponen en contacto con las escuelas en Malawi, pagan sobornos. Pagos informales amenazan los derechos y el bienestar de la niñez. Por ejemplo, cargos informales de parte de maestros para enseñar, y para elementos adicionales como alimentación escolar, libros, uniformes o exámenes pueden llevar particularmente a los estudiantes más pobres a que falten a la escuela. Además, la adquisición de calificaciones falsas, afectan los resultados del aprendizaje de los niños.

Tres maestros fueron puestos en prisión por conspiración y mala práctica en exámenes. Ellos desobedecieron el código de conducta de la Junta de Exámenes de Uganda, revelando contenido de los exámenes de culminación de primaria y vendiéndolos a diferentes escuelas de los distritos de Buyende y Kamuli.

La mala práctica de exámenes es una “industria” altamente organizada, entre propietarios de escuelas, funcionarios del Ministerio de Educación del Estado, funcionarios de la certificación de West African School, vigilantes, mecanismos, y de los mismos estudiantes. Según un estudio, esto es resultado de una pobre implementación de reglas para los exámenes, sin miedo a castigos, preparación inadecuada, no hay lealtad hacia el personal de la entidad examinadora, y amenazas de estudiantes y padres de familia. Muchos padres prefieren sobornar al examinador, en lugar de pagar por clases extra para su hijo, porque eso no garantiza buenos resultados en los exámenes.

La corrupción es parte del diario vivir en Tanzania. Maestros aceptan sobornos para dejar que sus estudiantes pasen sus exámenes y hasta para matricular a niños en las escuelas. Y además de eso, pagan sobornos para obtener ascensos o para obtener traslados a lugares más cómodos. “Unidos por nuestros derechos”, es un proyecto implementado por la Unión Europea y dos organismos no gubernamentales de Tanzania que tienen por objetivo empoderar a los ciudadanos para entender mejor sus derechos y cómo abordar corrupciones y asuntos de gobernanzas.

Los maestros y escuelas fantasmas son una carga para el sistema educativo en zonas rurales de Beluchistán, y el gobierno necesita tomar medidas concretas para reparar el daño que han causado en los niños y su futuro. La mayoría de las escuelas públicas carecen de condiciones básicas como muros exteriores, sillas, baños, agua potable, electricidad, y hasta maestros, sin mencionar la ausencia de materiales de estudio como libros de texto y otras necesidades de infraestructura. Las autoridades continúan pagando a profesores, a pesar de su deliberada ausencia, y un gran número de ellos son contratados basados en su afiliación política, en lugar de sus logros y calificaciones educativas.

Más de 500 estudiantes tuvieron que repetir sus exámenes finales de Primaria, después que el NECTA (Consejo Nacional de Exámenes de Tanzania), descubrió que algunas escuelas habían filtrado los exámenes. De acuerdo al Secretario Ejecutivo del NECTA, los exámenes que se filtraron se distribuyeron a través de grupos de WhatsApp y escuelas primarias. Esto fue muy bien organizado; hubo una colaboración entre dueños de escuelas, supervisores, y autoridades responsables por guardar dichos exámenes en la Escuela Primaria de Nyanduga, Rorya.

Un informe oficial ha revelado la propagación de corrupción financiera y administrativa en el Ministerio de Educación. A petición de su Alteza el Jeque Principal, el Ministro de Educación proporcionó respuestas a las preguntas presentadas por legisladores sobre las medidas adoptadas por el Ministerio para hacerle frente a los casos de corrupción. Explicó en el informe que el gran número de casos relacionados a la falsificación de certificados educativos y la malversación de fondos públicos han sido remitidos a la Fiscalía General.