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El parlamento decidió que las escuelas no podrán cobrar derechos de escolaridad a los estudiantes que se benefician del programa de educación secundaria universal. La comisión también decidió investigar sobre el fraude en los exámenes, la fuga de recursos y la anulación de los resultados del "O level". De ahora en adelante, cuando se considera que un candidato ha fraguado en una prueba, se anula todo el examen.

Los resultados de los últimos exámenes para obtener el Uganda Certificate of Education muestran que 2.742 estudiantes cometieron fraude y no fueron aprobados, y siete escuelas perdieron su calidad de centros de examen. Asimismo, en el mundo empresarial se ha encontrado que muchos ejecutivos carecen de las calificaciones requeridas, incluso en profesiones tan exigentes como la abogacía. Un juez tuvo que renunciar por haber traficado sus títulos universitarios en la década de los noventa.