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El Gobierno australiano ha introducido medidas estrictas para combatir el fraude y la explotación en el sistema de visas de estudios. Entre ellas figuran prohibir las comisiones de los agentes por el traslado de estudiantes entre instituciones, evitar que los agentes educativos posean participaciones en proveedores de educación australianos y crear una unidad de integridad dentro de la autoridad reguladora de la educación y formación profesional (EFP) para supervisar y hacer cumplir la normativa entre los proveedores de EFP, haciendo hincapié en la importancia de la asistencia de los estudiantes como indicador de riesgo.

El Ministerio de Educación Primaria y Secundaria ha establecido centros de mando estratégicos en todo el país para abordar diversos problemas que invaden las escuelas. Entre ellos figuran la expulsión de alumnos por no pagar la cuota, la oferta de clases extra remuneradas, las prácticas discriminatorias en las inscripciones, los castigos corporales, la imposición de cuotas no aprobadas y otras conductas indebidas. El director de comunicación y promoción del MoPSE instó a las partes interesadas a utilizar los contactos designados para informar cualquier mala práctica. El objetivo es garantizar que todos los niños escolarizados reciban una educación primaria y secundaria de calidad, justa e integral.

La Universidad de Sudáfrica (UNISA) se sometió a una auditoría de la calidad realizada por el Consejo de Educación Superior (CHE), que suscitó preocupación por la ambigüedad de funciones entre el Senado y el Consejo, que podría vulnerar la autoridad académica. La auditoría puso de manifiesto problemas de gobernanza, inscripciones tardías que afectan al éxito de los estudiantes y lagunas en la comunicación con estos. La UNISA ha presentado un plan de mejora para resolver estos problemas y espera la respuesta del CHE.

Un estudio revela que un número significativo de universidades del Reino Unido sigue aceptando millones en efectivo para pagos de matrícula y alojamiento, lo que las hace vulnerables a los riesgos de blanqueo de capitales. Alrededor de veintidós universidades seguían aceptando pagos en efectivo, con un total que alcanzaría los 12 millones de libras en 2019-20. La investigación destaca la preocupación por el hecho de que no se sigan estrictamente las directrices contra el blanqueo de capitales y de que las universidades no informen sobre actividades sospechosas, lo que puede poner en peligro al personal y a los estudiantes. El estudio pide una legislación más estricta para hacer frente a estas vulnerabilidades.

La Ley de Admisión Justa a la Universidad para Estudiantes pretende acabar con las admisiones por legado en las universidades, eliminando el trato preferente a los solicitantes vinculados con la universidad. Esta medida se considera como una iniciativa para crear prácticas de admisión a la universidad más justas, abordando el beneficio de la tradición para las personas blancas acomodadas y la dependencia de tales prácticas por parte del sistema escolar de élite. La presentación del proyecto de ley se produce tras la reciente decisión de la Corte Suprema de poner fin a la discriminación positiva, que tenía en cuenta la raza entre los factores de admisión de estudiantes.

Se ha pedido a once directores de universidades que presenten un informe detallado sobre la capacidad financiera y académica del departamento o facultad dentro de sus instituciones que forma a estudiantes de doctorado. Se espera que proporcionen detalles sobre cómo se utilizó el dinero desembolsado por el Estado a los paneles de defensa de doctorados en el período 2020-21 y 2022-23. De acuerdo con las directrices del Ministerio, los postulantes a doctorado serán aprobados sólo si tienen suficientes medios financieros y académicos para llevar a cabo proyectos de investigación.

El gobierno de Bangladesh está creando más universidades privadas, a pesar de que el número de estudiantes y profesores en estos centros de enseñanza superior ha descendido en los últimos cuatro años. Según la Comisión de Subvenciones Universitarias, las universidades privadas no ofrecen una educación de calidad y, en algunos casos, se crearon sin una planificación adecuada, ya que la aprobación se obtuvo supuestamente utilizando conexiones políticas. Según la Ley de Universidades Privadas, una universidad debe poseer un campus permanente en los siete años siguientes a su puesta en marcha. Setenta y siete universidades tienen más de siete años, pero sólo 26 tienen campus permanentes.

Varios informes revelaron que una empresa de estudios en el extranjero con sede en Jalandhar había presentado alrededor de 700 solicitudes fraudulentas de visa para estudiantes entre 2018 y 2022. Los estudiantes, tras finalizar los cursos y cumplir los requisitos laborales, solicitaron la residencia permanente en Canadá y presentaron documentos de respaldo. La Agencia Canadiense de Seguridad Fronteriza examinó los documentos a partir de los cuales se concedieron los visados a los estudiantes y descubrió que las cartas de admisión eran falsas. El Gobierno está investigando las denuncias de cartas de admisión fraudulentas.

El Departamento de Educación de Karnataka ha estandarizado y automatizado el proceso de registro de una nueva escuela. Las normas del nuevo sistema consisten en cargar los documentos pertinentes en el sitio web del Departamento de Educación. La oficina del distrito comprobará los documentos en un plazo determinado y, a continuación, las escuelas serán inspeccionadas por muestreo electrónico. Si se cumplen todas las condiciones, se expedirá un certificado. Para aumentar la transparencia y garantizar el control de calidad de los centros, todos los procesos del Sistema de Seguimiento del Rendimiento Escolar también estarán disponibles en línea.

Se ha creado una comisión parlamentaria especial para investigar los certificados falsos y los programas de educación a distancia que no cumplen con ninguna norma o reglamento. Un informe revela que las universidades están recibiendo llamadas de políticos de alto rango pidiéndoles que matriculen a estudiantes en facultades para las que no están calificados. Otros hallazgos incluyen sobornos y corrupción, dificultades de acceso a la enseñanza superior y uso indebido de Internet.