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Un informe de auditoría revela que el Fondo Estatal de Préstamos Educativos ha estado plagado de transgresiones y corrupción desde 1997, cuando empezó a conceder préstamos a estudiantes que cursaban estudios superiores en el extranjero. La principal conclusión de la investigación es que el 90 % de los préstamos se concedieron a altos funcionarios, a sus hijos y a quienes tenían acceso a información confidencial. No hubo transparencia ni competencia leal en la asignación de los préstamos.

Tres mujeres de Georgia y un hombre de Alabama se declararon culpables de conspirar para defraudar millones de dólares a los programas de asistencia financiera federal del Departamento de Educación de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, admitieron haber matriculado a personas que no cumplían los requisitos para asistir a la universidad y haber completado solicitudes de asistencia financiera utilizando nombres de estudiantes falsos; también hicieron deberes y exámenes falsos de los estudiantes y manipularon los requisitos de grado para seguir teniendo derecho a la asistencia financiera federal.

La organización sudafricana Undoing Tax Abuse (OUTA por sus siglas en inglés) ha descubierto una "corrupción multimillonaria en licitaciones" en el Programa Nacional de Ayuda Financiera para Estudiantes (NSFAS por sus siglas en inglés) y ha entregado toda la información a la Unidad de Investigación Especial. La OUTA dijo que sus revelaciones son producto de una investigación sobre corrupción y contratos irregulares en los Servicios de la Autoridad del Sector de Educación y Formación (SSETA por sus siglas en inglés) después de que prosperara una solicitud de Promoción de Acceso a la Información relativa a una licitación de 170 millones de ZAR (9,6 millones de dólares) para un sistema biométrico de control de asistencia.

Dos empleados de la Junta de Préstamos y Becas para Estudiantes de Educación Superior (HESLGB) fueron detenidos en Lilongüe por el presunto robo de 335 millones de MWK (326.000 dólares) destinados a préstamos para estudiantes entre 2018 y 2019 a través de una institución de educación superior privada. Al no poder pagar el alquiler y ofrecer préstamos a los estudiantes de las instituciones terciarias, la universidad propuso a la junta que le donara 10 millones de MWK (9.750 dólares). La junta, en cambio, envió 300 millones de MWK y pidió a la universidad que devolviera la diferencia a varias cuentas pertenecientes a empleados de la junta de préstamos.

La Fiscalía de Estados Unidos arrestó a una enfermera especializada, por cargos federales de fraude electrónico, fraude en la ayuda financiera y robo de identidad agravado. Utilizó la información de los médicos y falsificó firmas para certificar diagnósticos de discapacidad que consiguieron la descarga de más de 10,5 millones de dólares en préstamos para al menos 125 personas. Defraudó el programa de condonación por incapacidad total y permanente del Departamento de Educación federal, que alivia los préstamos estudiantiles de quienes sufren discapacidades físicas o mentales permanentes.

La directora del Training Domain, una institución educativa de Fort Meyers, diseñada para mejorar las aptitudes laborales de los estudiantes, ha sido acusada con 10 cargos de fraude electrónico y un cargo de fraude de la Asistencia Federal del Estudiante (FSA). De julio 2017 a abril 2019, asistió a estudiantes en la aplicación de ayuda financiera, pero en lugar de utilizar los ingresos del préstamo y subvención, para impartir las clases y para otros gastos educacionales, la directora se quedó con los fondos de la FSA y lo dividió con los estudiantes. También falsificó diplomas de secundaria.

Tras la elección del Presidente, defensores y legisladores expresaron su preocupación sobre que pasará con las actuales regulaciones destinadas a responsabilizar a las universidades con fines de lucro. El martes, sus preocupaciones se hicieron realidad. El Departamento de Educación anunció que retrasaría y renegociaría dos de los principales reglamentos de la administración anterior. La primera tiene como objetivo penalizar los programas en los cuales las cuotas de préstamos de graduados exceden un porcentaje establecido de sus ganancias, mientras el segundo simplifica el proceso para prestatarios que afirman haber sido estafados por sus universidades.

A principios del año, el Banco Mundial publicó un informe donde pone bajo la lupa a la Junta de Préstamos de Educación Superior de Kenia por mala administración de sus fondos a costa de los estudiantes. Las partes interesadas, todavía esperan una respuesta por parte del secretario del gabinete de educación ya que el informe indica que hay un gasto excesivo en costos administrativos que pudieran ser sumados a los préstamos estudiantiles. El informe recomienda una revisión del desembolso de préstamos y mecanismos de recuperación.

El actual panorama legal de la educación superior en los Estados Unidos, se caracteriza por una ola de temas que traerán más demandas. Como es el caso con escuelas de derecho y administración, donde los temas incluyen: inflación de índices de empleo para graduados recientes, la inflación de salarios iniciales, y la fórmula de empleo relacionada con subsidios federales y los beneficiarios de préstamos, como es el caso para las entidades con fines de lucro.

Tras la suspensión de préstamos estudiantiles y la imposición del ultimátum de una semana, 15 universidades de Tanzania han respondido a una orden ministerial para regresar los préstamos emitidos a favor de miles de sus llamados estudiantes “fantasmas”. La orden fue emitida después que un reciente ejercicio de verificación reveló que alrededor de 2,192 estudiantes recibiendo préstamos en 31 universidades probablemente no existen. Las universidades fueron dadas siete días para recuperar y regresar el dinero, estimándose un total de TZS 3.8 billones (US$ 1.7 millones).