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En el marco de la política de gratuidad del Ministerio de Educación, se inicio el ciclo escolar 2009, caracterizado por la falta de útiles, refrigerios, mobiliario y algunos profesores en escuelas e instituciones públicas. Los estudiantes que ingresaron a los planteles no solo tuvieron que llevar o comprar su merienda, sino que disfrutaron de un gran recreo, pues los establecimientos carecían de los escritorios y materiales para que los pocos docentes que fueron ubicados impartieran las clases.

El ministro del Poder Popular para la Educación Superior declaró que en caso de comprobarse que los recursos universitarios están siendo desviados hacia fines que no son los que están contemplados (fines políticos) se aplicarán las sanciones que están contempladas en la ley. También expreso que las autoridades responsables de la educación superior deben garantizar que los recursos universitarios sean utilizados para beneficio de los estudiantes.

Los puestos de los profesores están a la venta en México y esto ha sido así durante decenios. Aunque raramente discutida, esta práctica –iniciada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para recompensar a las personas leales al partido– está aparentemente muy difundida. Se informa que el precio de un puesto de profesor en una escuela pública primaria se sitúa entre $5.000 y $12.000, dependiendo del lugar. Los profesores que renuncia pueden vender sus puestos o pasarlos a sus hijos. En algunos casos por lo menos, los gobiernos locales y los sindicatos de profesores supervisan el proceso de compra y venta. Sin embargo, un reciente esfuerzo de reforma –la "Alianza por la calidad de la educación" (ACE)– suscrito por el gobierno y el sindicato nacional de profesores en mayo, basaría los nuevos nombramientos de los profesores en el mérito, mediante un examen administrado por un órgano independiente. No sorprende que este acuerdo haya generado una respuesta vociferante de la base. En muchos estados los profesores se han declarado en huelga, marchando hacia las oficinas del gobierno, cerrando escuelas y bloqueando calles.

Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.

El Ministerio de Educación debe explicar por qué aceptó a una empresa de préstamos para los estudiantes que una auditoría había sindicado por malos manejos de millones de dólares. La empresa recibió los fondos de un programa de subsidio que le garantizaba una tasa de interés de 9,5% sobre los préstamos a los estudiantes. En un convenio concluido en enero, el ministerio autorizó a la empresa a conservar los 278 millones de dólares recibidos, pero suspendió pagos futuros por más de 800 millones de dólares, hasta que una próxima auditoría pueda determinar si la empresa reúne las condiciones para ser elegida.

Un informe de la Fundación Grupo Civico Etica y Transparencia (EyT) muestra los resultados del proyecto "Prevención de la corrupción en el sistema educativo". Tras supervisar importantes contratos para el mantenimiento de las escuelas en las áreas rurales, EyT encontró que una parte considerable del presupuesto del Ministerio de Educación destinado a contratos públicos presentaba irregularidades. Aconsejó al ministerio que fortalezca el control de la calidad de los materiales y ejecute auditorías internas regularmente.