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Líbano ocupa el número 143 de 180 países del mundo en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2017. El presidente de la Inspección Central manifestó, que el Ministerio de Educación ha “reducido el número de horas laborales de los maestros” y que está realizando contrataciones “que no son necesarias”. Anunció visitas sorpresa a administraciones públicas en 2019, como parte de la lucha contra la corrupción, con el fin de introducir la nueva herramienta para monitorear contrataciones.

La MCPF (Fundación de Prevención Contra el Crimen de Malasia), ha sugerido al Ministerio de Educación, introducir la educación de anticorrupción en las materias de religión y moral. El Vice-Presidente enfatizó que “la manera más apropiada y efectiva para prevenir la corrupción era empezando en las escuelas, ya que ayudaría a desarrollar una nueva generación de malayos, que odien y rechacen la corrupción en todas sus formas”. Un estudio de alumnos en el 2016, demostró que, el 16% de los encuestados de una universidad local estaban dispuestos a aceptar sobornos y el 18.5% aceptarían sobornos si no tuvieran que enfrentar cargos.

El expresidente del Sindicato de Personal Académico Universitario (UASU), dijo que el gobierno parece estar renuente a luchar contra la corrupción en universidades públicas de Kenia, las cuales sufren de diferentes tipos de corrupción. Por mucho tiempo, el gobierno no estaba muy interesado en auditar a las universidades hasta recientemente y la mayoría de las universidades no mantenían registros de sus ingresos y gastos. Agregó que la falta de rendición de cuentas entre vicecancilleres proporcionaba un ambiente para que la corrupción afianzara sus raíces.

El Sindicato de Personal Académico Universitario de Kenia (UASU) ha amenazado con ir a la corte si el Ministerio de Educación no toma acción inmediata ante las instituciones de educación superior del país, que han sido reportadas por ilegalmente hacer descuentos de los salarios de sus empleados sin remitir las deducciones a las instituciones pertinentes. El mes pasado, el Ministerio de Educación dio a conocer un informe de auditoría mostrando que algunas universidades públicas del país estaban descontando billones de chelines de los salarios de sus empleados y no reportaban el dinero regularmente a las instituciones correspondientes. El total de los descuentos salariales ilegales es aproximadamente de US$100 millones.

Dos personas están en problemas después que presuntamente estafaron cerca de R6 millones del Departamento de Educación de Mpulamanga. El jueves, ambos se presentaron ante la Corte Regional de Nelspruit, por su presunta involucración en el plan ficticio de alimentación escolar. Los “Hawks” (Oficina de crimen organizado) dijeron que, en 2011, los acusados entregaron varias facturas falsas al Departamento de Educación por servicios que nunca fueron prestados. Un empleado del Departamento de Salud supuestamente contrató a dueños de varias compañías para que presentaran dichas facturas. El dinero supuestamente se depositó a las diferentes cuentas individuales y corporativas y posteriormente fue retirado y compartido entre el sindicato.

El oponente del auditor de Ohio en la carrera de la procuraduría general del estado, dijo que se deberían de haber referido inmediatamente a las autoridades, las denuncias del informante de que la escuela a distancia más grande de esa época, intencionalmente infló las figuras de asistencia. Anteriormente, el Departamento de Educación encontró que la escuela había aumentado significativamente el número equivalente a estudiantes de tiempo completo y debía al estado $60 millones por el año escolar 2015-2016. Se estimaron otros $19 millones de multas para el año 2016-2017.