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Cinco profesores de la Universidad Hassan I de Settat (Marruecos) están siendo investigados, después que se filtraran conversaciones en las redes sociales, en las que supuestamente hablaban de la "sextorsión" de alumnas para obtener créditos extra. La comunidad académica pidió un módulo de ética empresarial en los programas de formación del personal universitario para asegurar la sensibilización de las consecuencias negativas de abusar de los estudiantes.

Cuatro funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un empresario se enfrentan a cargos de corrupción, fraude, robo e infracción de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas por 59 millones de rands destinados a libros de texto. Bajo el pretexto de que las escuelas contaban con recursos suficientes para libros de texto, decidieron, sin permiso del Tesoro Nacional, que el 80% del presupuesto se desviara y se utilizara para la adquisición de material de recursos complementarios, principalmente equipos informáticos y fotocopiadoras.

13 funcionarios del Ministerio de Educación, Arte y Cultura han sido despedidos en la región de Zambezi, tras ser declarados culpables de cobrar 9 millones de dólares namibios en primas en efectivo, pagos adicionales y diferencias en las subvenciones. Para mejorar la administración de las nóminas e identificar cualquier irregularidad en la nómina del Ministerio, se lleva a cabo un ejercicio de verificación anual en todo el país.

Para evitar la falsificación de información, una nueva plataforma digital permitirá que los alumnos, desde la primaria hasta la universidad, tengan un número de identificación. Las escuelas actualizarán los datos de sus alumnos, del personal docente y no docente, de las infraestructuras y de las instalaciones, incluidas las de educación física y deportes, a través de sus cuentas de usuario en línea del EMIS. El nuevo sistema pretende eliminar a los trabajadores fantasmas y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el país.

A más de 100 estudiantes de la Universidad privada KIM en Kigali, Ruanda, no les han permitido graduarse en julio 2021, después que autoridades detectaran que habían cambiado sus calificaciones en el sistema universitario. Según la Oficina de Investigación de Ruanda, los sospechosos son acusados de falsificar documentos electrónicamente y pudieran enfrentar penas entre cinco y siete años de prisión y pagar multas entre 3 y 5 millones de francos ruandeses, (casi 5,000 dólares).

El fraude en los exámenes sigue siendo el mayor reto para la Junta de Admisiones y Matrículas (JAMB), especialmente entre los padres de familia que constantemente piden que sus hijos reciban tratos especiales, sin importar si cumplen con los requisitos. JAMB también está luchando contra la corrupción en instituciones de educación superior que aceptan a estudiantes al margen de los lineamientos del Ministerio de Educación.

El sindicato de personal de las universidades de Kenia (KUSU), protestó por el despido del jefe de finanzas de la Universidad de Maasai Mara, que fue uno de los que denunciaron la malversación de 190 millones de KES (1.8 millones de dólares). KUSU también pidió la disolución de todo el Consejo Universitario de Maasai Mara por parte del Ministerio de Educación y la destitución del vicerrector en funciones por ocultar los hechos.

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

La Comisión de Servicio Docente (TSC) ha lanzado un nuevo sistema de inscripción biométrica y validación docente, destinado a abordar la escasez de personal y evitar el uso de títulos falsos. Los datos precargados del sistema de nómina del TSC, se validarán cuando los profesores proporcionen documentos físicos, como un certificado de inscripción, documento nacional de identidad y la carta del primer y último nombramiento junto con sus certificados académicos y profesionales. Este registro piloto se puso en marcha en 143 escuelas en siete condados.

Cuatro ex altos funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un director de una compañía han sido arrestados con cargos de corrupción relacionados a la compra de libros de texto escolares. El funcionario de educación se saltó el proceso de la cadena de suministro del departamento, al obtener un acuerdo de Material de Recursos Suplementarios (SRM) que no se necesitaba. Informes alegan que el funcionario recibió un soborno en forma de dos computadoras portátiles y un teléfono móvil de una compañía que recibió 59 millones de rands por el material SRM.