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Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.

Tras una auditoría del primer control de calidad del programa de colocación avanzada emprendida por el Consejo de la Universidad, algunos profesores se encontraron con la sorpresa de que sus cursos fueron rechazados. Los resultados de la auditoría no han mejorado las ya tensas relaciones entre algunos profesores de nivel secundario del programa de colocación avanzada y los profesores de nivel universitario que los evalúan.

Un informe de la Fundación Grupo Civico Etica y Transparencia (EyT) muestra los resultados del proyecto "Prevención de la corrupción en el sistema educativo". Tras supervisar importantes contratos para el mantenimiento de las escuelas en las áreas rurales, EyT encontró que una parte considerable del presupuesto del Ministerio de Educación destinado a contratos públicos presentaba irregularidades. Aconsejó al ministerio que fortalezca el control de la calidad de los materiales y ejecute auditorías internas regularmente.

El Ministerio de Educación investigará a escuelas privadas acerca de ciertas irregularidades detectadas en la lucha contra la corrupción. En breve, el ministro de educación y la Junta Auditora y de Inspección seleccionarán conjuntamente escuelas privadas que sean sospechosas de mala gestión en sus escuelas. Solo investigarán aquellas en las que exista la sospecha de mala gestión y corrupción, en lugar de realizar una investigación aleatoria.

El director de una escuela secundaria ha permitido finalmente que la oficina regional de educación lleve a cabo auditorías internas que revisen los libros de cuentas del colegio de donde se informó que faltaba dinero. Aparte de prohibirles la entrada a la escuela a los auditores, el director del centro les amenazó con tomar medidas legales contra ellos.

Un auditor ha sido acusado de haber maquillado las cuentas para ayudar a ocultar el robo de más de 11 millones de dólares. Las acusaciones implican al superintendente de distrito por el robo de más de 2 millones de dólares, al superintendente adjunto, por apropiación indebida de 4 millones de dólares, y a un ex empleado de contabilidad de la escuela, por el robo de 780.000 dólares. El dinero se estaba destinando a la compra de obras de arte, joyas, viajes al extranjero e hipotecas de viviendas. El escándalo ha desencadenado un cambio radical en la forma de auditar las finanzas de los centros escolares en todo el estado.

No se ha tomado ninguna medida contra una escuela acusada de malversar más de 7 millones de chelines que se suponía iban a ser para comprar un autobús. Durante los últimos siete años no se ha realizado ningún informe de auditoría en la escuela puesto que el director del centro no ha presentado las cuentas.