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Según Transparencia Internacional, 66 % del dinero del gobierno de Nigeria es asignado a la educación y robado por funcionarios corruptos. La mala asignación de recursos, adquisiciones corruptas, intercambio de sexo por notas, malas prácticas en exámenes, calificaciones falsas, absentismo docente, y prácticas de contratación corrupta, son algunos de los ejemplos de los desafíos con los que se enfrenta el sistema educativo. Esto afecta la calidad de la educación, inclusión y resultados de aprendizaje, con consecuencias devastadoras para el crecimiento económico nacional.

En Camerún rural, presupuestos asignados y gastos del gobierno, todavía no son del conocimiento público. El Equipo de Integridad Focal de Camerún (FITCAM) logró convencer a oficiales públicos de revelar información de interés a organizaciones de la comunidad. Posteriormente apoyaron a ciudadanos a pedir a las autoridades; rendición de cuentas de proyectos locales de educación, en la División de Fako de Buea, al Suroeste de Camerún. Después de exponer las prácticas de corrupción de los contratistas, el Ministro de Contratos Públicos declaró haber ahorrado 5,342,765 CFA (aprox. $5,980) a través de renegociaciones relacionadas a un número de proyectos.

La Coalición para la Transparencia y Responsabilidad en la Educación (en inglés Coalition for Transparency and Accountability in Education - COTAE) ha hecho público un informe acerca de la adjudicación de contratos en el sistema educativo del país. El objetivo del proyecto consiste en asegurar que la adjudicación de contratos dentro del sector de la educación se lleva a cabo y se ejecuta de un modo transparente y responsable.

Según la oficina de TI en la República Checa, el total estimado de las pérdidas causadas por la ineficiencia y falta de transparencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos en 2004 se elevan a 32,4 mil millones de coronas checas (más de 13,6 mil millones de dólares americanos). Las causas principales para que se produjera esta situación fueron la falta de disposición política para establecer un marco de acción verdaderamente eficiente y aplicable en la contratación pública, la influencia de representantes políticos sobre la concesión de contratos públicos y la falta de controles eficientes.