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El video documenta una investigación sobre la venta de títulos universitarios falsos en Perú, frente a la sede del Poder Judicial del Callao. La reportera descubre que esta actividad ilícita está muy extendida.

Profesores trabajando en escuelas inexistentes y en municipios que no se pudieron encontrar en el mapa, centros de educación inexistentes, comunidades que no se pudieron localizar y profesores trabajando en dos regiones a la vez. Estas fueron algunas de las irregularidades que revelaron las estadísticas proporcionadas por el Registro de la Profesión Docente de la Secretaría de Educación.

Tres mujeres están siendo investigadas por haber pedido 80 mil pesos a cuatro personas con la promesa de que les conseguirían una plaza como maestros de nivel básico. Las acusadas aceptaron haber falsificado órdenes de comisión de trabajo desde hace varios años.

En la Internet se ofrecen maestrías y doctorados, o incluso grados inferiores, en cuatro semanas y sin reconocimiento oficial. El problema viene después, cuando los estudiantes pasan su examen de admisión a la universidad, pero no pueden ingresar porque sus certificados no son reconocidos. La necesidad de estudiar es tan grande en los países latinoamericanos que la gente se deja engañar.

La primera semana de todos los meses, los profesores que llegan de las provincias, junto a los de El Alto y La Paz, deben hacer filas desde las 6.00 de la mañana, o antes, para poder cobrar su sueldo, además de recibir mala atención y enfrentar a las personas que hacen negocio vendiendo puestos en la fila.

El Defensor del Pueblo Andaluz recibió el año pasado 150 quejas sobre el proceso de escolarización, según se detalla en el informe de 2008 que se acaba de publicar. Razón por la cual apoya las sanciones que castigan con mayor rigor los fraudes, ya que no existe una consecuencia sancionadora clara, evidente y ejemplarizante. Sin embargo, la Consejería de Educación defiende la idea de que la sanción no es el mejor lenguaje, por lo que no habrá ningún tipo de castigo.

De manera indebida, el gobierno de Baja California destinó 91,5 millones de pesos provenientes de fondos federales para cubrir salarios a personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en vez de canalizarlos a actividades en beneficio de escuelas y maestros, como establece el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

El año pasado, el defensor del pueblo de Andalucía recibió 150 quejas relacionadas con el proceso de inscripción, según el informe de 2008 que se acaba de publicar. Es por esta razón que se ha mostrado a favor de aplicar sanciones más severas a la presentación de solicitudes fraudulentas, ya que no existen medidas punitivas bien definidas que sienten ejemplo. No obstante, la delegación provincial de educación sostiene que el castigo no es la mejor respuesta, por lo que no se adoptará ninguna sanción.

El fiscal de delitos económicos de Mar del Plata investiga a 96 policías por utilizar títulos del secundario falsificados para poder ascender en el escalafón policial. El fiscal también informó que un informe preliminar del Ministerio de Educación de Buenos Aires confirma que de 250 certificados secundarios de policías investigados al menos 96 son falsos.

Las intervenciones en las direcciones departamentales de educación han generado hallazgos reveladores. Casos de profesores que carecen del perfil necesario para dictar cursos especializaos, exceso de profesores en relación con el número de alumnos o profesores que no tienen alumnos a su cargo son algunas de las trasgresiones encontradas.