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La figura central de la estafa en la que padres con alto poder adquisitivo pagaban enormes sumas para hacer trampas en los exámenes estandarizados, ha sido condenada a tres años y medio de prisión federal. El cerebro de la estafa conocida como Operación Varsity Blues se declaró culpable de asociación ilícita, blanqueo de capitales, y conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos y fraude en el extranjero.

El informe de Corruption Watch titulado "Haz sonar la alarma" revela formas escandalosas de corrupción en el sector educativo: malversación generalizada de recursos, actos de soborno, sextorsión, abuso de autoridad, así como irregularidades laborales. Entre 2012 y 2021, desde el nivel primario hasta el terciario, se registraron más de 3.600 denuncias de alumnos, estudiantes, padres y tutores, que representan el 10% del total de denuncias recibidas.

Una ex directora de finanzas y administradora de la Facultad de Medicina de Yale se declaró culpable de fraude electrónico y declaraciones de impuestos falsas durante un periodo de nueve años. Dirigía un negocio ilegal que consistía en la compra y reventa al por mayor de ordenadores y dispositivos electrónicos por un total de 40 millones de dólares en pérdidas para la universidad. Desde el incidente, la universidad ha trabajado para identificar y corregir las deficiencias de sus controles financieros internos.

El sindicato de personal de las universidades de Kenia (KUSU), protestó por el despido del jefe de finanzas de la Universidad de Maasai Mara, que fue uno de los que denunciaron la malversación de 190 millones de KES (1.8 millones de dólares). KUSU también pidió la disolución de todo el Consejo Universitario de Maasai Mara por parte del Ministerio de Educación y la destitución del vicerrector en funciones por ocultar los hechos.

Una auditoría realizada en la Universidad de Yonsei en Seúl, reveló 86 casos de irregularidades, incluyendo admisiones injustas, evaluaciones y cuestiones de contratación, así como denuncias de malversación de fondos universitarios por parte de profesores que usaron las “tarjetas corporativas” de la universidad para pagar entretenimiento en clubes nocturnos y golf. Veintiséis miembros del personal de la facultad están sujetos a medidas disciplinarias, y se han presentado ocho casos de violaciones de los reglamentos, incluidas denuncias de mala conducta o estafa y violaciones de las leyes de escuelas privadas.

El jefe del Comisionado Independiente del Sur de Australia en contra de la corrupción, inició una investigación sobre denuncias de mala conducta y mala práctica por parte del vicerrector de la universidad de Adelaida, después que éste renunciara por motivos de salud. La Universidad había proyectado para este año, ganancias de más de 1 billón de dólares australianos (US$705 millones), pero éstas han sido sustituidas con pérdidas previstas de 100 millones de dólares australianos.

Un empleado de alto rango de una institución académica, presuntamente malversó Rs 1, 023 93 05 que pertenecían al pago del seguro estatal y fondo de provisión de los empleados. La policía está investigando al acusado por abuso de confianza, apropiación ilícita y falsificación con propósitos de engaño. Fue suspendido de su cargo, debido a su falta de cooperación en los procesos de la comisión.

El presidente de la Universidad Marítima del Caribe (CMU) junto con el Ministro de Educación están siendo investigados por asuntos de corrupción. Durante la pasada sesión del Comité de Apreciación y Administración Pública (PAAC), el presidente de la CMU admitió que se pagaron más de $600,000, para un yate de entretenimiento para el ministro de educación. Según los documentos, la Universidad basada en el este de Kingston, pagó a dos compañías un total de $674,930 para arrendar y decorar el yate.

El rector del Instituto de Economía de Negocios y su vicerrector fueron acusados de fraude, falsificación y venta de documentos, soborno comercial y mediación. Una de las aspirantes del instituto dijo que la oficina de admisiones le ofreció que pagara 450 mil rublos ($7,054) por tres años de estudio. El hecho que la Universidad había sido despojada de su licencia dos años antes, no fue impedimento para que el rector siguiera cobrando a candidatos por educación superior.