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Las universidades británicas y los proveedores de itinerarios privados para estudiantes internacionales se enfrentan a acusaciones por admitir a estudiantes extranjeros con requisitos de acceso inferiores a los de sus homólogos nacionales. Esto ha suscitado preocupación por la equidad y la transparencia en las prácticas de admisión, ya que los estudiantes extranjeros pagan a veces hasta 38 000 libras (48 000 dólares) de matrícula, frente a las 9 250 libras (11 700 dólares) que pagan los estudiantes británicos. La controversia pone de relieve cuestiones como los programas International Year One y el papel de los agentes en la selección de estudiantes, lo que suscita llamados en favor de enfoques más éticos y un mayor control en el criterio de selección de estudiantes internacionales.

El proyecto de ley de universidades se enfrenta a la oposición de los académicos, que sostienen que permite la interferencia política y compromete así la calidad de la educación. La legislación propuesta otorgaría a figuras políticas como el Ministro de Educación y el Ministro Principal de la provincia, un papel significativo en la gobernanza de las universidades, en contra de las peticiones de autonomía académica. Los críticos abogan por la autonomía académica y una junta directiva compuesta por expertos. La ley propone sustituir la Comisión de Subvenciones Universitarias por una Comisión de Educación de Alto Nivel presidida por el Ministro de Educación.

Los estudiantes que hacen trampas en los exámenes se enfrentan ahora a multas de hasta 200.000 AED (más de 50.000 euros).

La condena de un directivo de una universidad no registrada supone un paso importante en las iniciativas emprendidas por Malawi para combatir las instituciones ilegales de enseñanza superior. El directivo de la universidad no registrada fue multado y se enfrenta a penas de prisión por ofrecer títulos falsos. Si bien las organizaciones de la sociedad civil ejercen presión para que haya más detenciones y consecuencias para los empleadores que reconozcan los títulos de esas instituciones, la condena subraya la importancia de la aplicación de la normativa para mantener la integridad educativa. La convocatoria para elaborar un proyecto de ley sobre la Autoridad Nacional de Calificación pretende reforzar los marcos regulatorios, pero los avances siguen siendo inciertos.

En Nigeria, un comité dirigido por el Ministro de Educación, está investigando las actividades ilícitas y las fábricas de diplomas. Instituciones afiliadas de varios países están bajo escrutinio. El comité pretende abordar las infracciones en el proceso de acreditación de universidades tanto locales como extranjeras, tras las revelaciones de prácticas fraudulentas. Los expertos sugieren mejorar los procesos de acreditación y la concienciación pública para combatir el problema.

Dos políticos noruegos se enfrentan a acusaciones de plagio en sus tesis de máster, lo que ha dado lugar a que las universidades investiguen los casos. Los escándalos han suscitado debates sobre la integridad académica, y llamados a endurecer las penas por plagio. Los incidentes también han suscitado preocupación por el trato que reciben los estudiantes frente a los políticos y la necesidad de una normativa nacional sobre el plagio. Los expertos subrayan la importancia de promover normas e integridad ética en la investigación en las universidades.

El ex Secretario General del Sindicato Nacional Docente de Kenia (KNUT) ha acogido con satisfacción la decisión del Ministerio de Educación de pedir a los padres que paguen las cuotas escolares de los alumnos de las escuelas nacionales a través de la plataforma e-Citizen. Esta nueva iniciativa gubernamental pretende mejorar la prestación de servicios, aportar transparencia y proteger tanto a los alumnos como a los padres. Sin embargo, algunos expresan su preocupación por las dificultades prácticas y el estado de preparación del país para una transición digital de este tipo.

El gobierno indio ha presentado el Proyecto de Ley contra las trampas en los Exámenes Públicos para combatir la deshonestidad académica generalizada y preservar la integridad del sistema educativo. El proyecto de ley propone medidas estrictas como una mayor vigilancia, normas más estrictas para los supervisores y penas severas de hasta 10 años de cárcel por hacer trampas y una multa de 1 millón de rupias para los implicados en malas prácticas en los exámenes. Además, el proyecto de ley pretende crear un comité técnico nacional para mejorar la seguridad y la imparcialidad de los exámenes.

La Organisation Tchadienne Anti-Corruption (OTAC) ha lanzado una campaña de sensibilización destinada a educar a alumnos y docentes sobre la importancia de la ética y la lucha contra la corrupción en el entorno escolar. Al subrayar la importancia de combatir las consecuencias de la corrupción, en particular su influencia en las notas y las prácticas nocivas, como los favores sexuales, el coordinador nacional de la OTAC destacó la necesidad de considerar la dimensión de género, fomentando la autonomía de las jóvenes y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Según los informes, los inspectores de la Ofsted están fabricando pruebas debido a las frecuentes caídas del sistema de recolección de prueba electrónica (EEG) adoptado en 2018. La investigación de The Observer revela afirmaciones anónimas de que altos dirigentes de la Ofsted tenían conocimiento de estos problemas técnicos y los han encubierto. Los críticos sostienen que las inspecciones de los últimos cinco años deberían ser invalidadas si la fabricación generalizada de pruebas es cierta. La Ofsted insiste en que los juicios están respaldados por pruebas suficientes, pero el Observer encontró pruebas de posibles problemas en la respuesta que la Ofsted envió por escrito a una escuela por la queja sobre la falta de pruebas.