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La organización sudafricana Undoing Tax Abuse (OUTA por sus siglas en inglés) ha descubierto una "corrupción multimillonaria en licitaciones" en el Programa Nacional de Ayuda Financiera para Estudiantes (NSFAS por sus siglas en inglés) y ha entregado toda la información a la Unidad de Investigación Especial. La OUTA dijo que sus revelaciones son producto de una investigación sobre corrupción y contratos irregulares en los Servicios de la Autoridad del Sector de Educación y Formación (SSETA por sus siglas en inglés) después de que prosperara una solicitud de Promoción de Acceso a la Información relativa a una licitación de 170 millones de ZAR (9,6 millones de dólares) para un sistema biométrico de control de asistencia.

El informe de Corruption Watch titulado "Haz sonar la alarma" revela formas escandalosas de corrupción en el sector educativo: malversación generalizada de recursos, actos de soborno, sextorsión, abuso de autoridad, así como irregularidades laborales. Entre 2012 y 2021, desde el nivel primario hasta el terciario, se registraron más de 3.600 denuncias de alumnos, estudiantes, padres y tutores, que representan el 10% del total de denuncias recibidas.

La Universidad de Johannesburgo (UJ) es la primera institución terciaria sudafricana que utiliza la tecnología blockchain como medida de seguridad adicional para proteger sus certificados contra alteraciones o falsificaciones. El Director de la Administración Académica Central pide a todas las instituciones terciarias que mejoren en forma conjunta la integridad de sus certificaciones y permitan que las empresas instauren un sistema de verificación de certificaciones sencillo y sin costo alguno, lo que ayudará a evitar el fraude en los certificados y a frenar la falsificación.

En 2018, el Departamento de Educación Superior, Ciencia e Innovación había procesado con éxito a 40 institutos falsos. Sin embargo, a finales de 2021, el número de instituciones que ofrecen títulos de licenciaturas y doctorados falsos ha aumentado. Durante una campaña de concienciación sobre los institutos falsos, los funcionarios abordarán la difusión de información relacionada con estas organizaciones de educación superior.

Cuatro funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un empresario se enfrentan a cargos de corrupción, fraude, robo e infracción de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas por 59 millones de rands destinados a libros de texto. Bajo el pretexto de que las escuelas contaban con recursos suficientes para libros de texto, decidieron, sin permiso del Tesoro Nacional, que el 80% del presupuesto se desviara y se utilizara para la adquisición de material de recursos complementarios, principalmente equipos informáticos y fotocopiadoras.

Como resultado del brote del COVID-19, no se pudo proceder con el proyecto para construir una escuela de formación técnica y vocacional de vanguardia, de 866 millones de ZAR (60 millones de dólares) en una de las ciudades más pobres de Africa del Sur. El proyecto fue detenido por el Ministro de Educación Superior, pero el dinero no se ha regresado al Tesoro Nacional ni contabilizado de acuerdo a la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas.

La Universidad de Stellenbosch experimentó un aumento inusual de mala conducta académica entre los estudiantes, debido a las evaluaciones en línea durante la crisis del COVID. En 2020, 183 estudiantes fueron acusados de colusión, donde uno o más estudiantes ayudaron a otros durante las evaluaciones en línea, comparado con solo 2 estudiantes en 2019.  

Cuatro ex altos funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un director de una compañía han sido arrestados con cargos de corrupción relacionados a la compra de libros de texto escolares. El funcionario de educación se saltó el proceso de la cadena de suministro del departamento, al obtener un acuerdo de Material de Recursos Suplementarios (SRM) que no se necesitaba. Informes alegan que el funcionario recibió un soborno en forma de dos computadoras portátiles y un teléfono móvil de una compañía que recibió 59 millones de rands por el material SRM.

2,400 estudiantes que escribieron varios módulos en las escuelas de agricultura, medio ambiente y ciencias humanas, han sido acusados de plagio y sus notas fueron retenidas por UNISA. Se emitieron más de 750 cartas de advertencia y siguen pendientes otros 200 casos. Las consecuencias de la trampa pueden resultar en descalificación de futuras pruebas o exámenes, y la exclusión o expulsión de la universidad.