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La oficina del Attorney General de Pennsylvania ha denunciado por fraude al consumidor a una universidad en línea por haber supuestamente concedido un título académico a un gato.

La California State University se encuentrta sometida nuevamente a una medida de vigilancia reforzada porque un entrenador de baloncesto trató de que un jugador recibiera créditos por cursos que nunca tomó.

El FBI ha cerrado la Universidad de La Salle, una universidad religiosa que impartía titulaciones oficiales, por expedir grados de acreditación falsa en 1996. Se ha comunicado a los estudiantes de este fraude, bien personalmente o a través de anuncios, para compensarles por los más de 10 millones de dólares incautados a La Salle. No obstante, debido a un sistema informático deficiente, todavía es posible que algunos estudiantes se hayan quedado fuera.

Un ex investigador de la Universidad Tecnológica de Texas, acusado de no gestionar bien las demandas de acoso y de defraudar a la universidad la parte de dinero destinada a proyectos de investigación clínica, fue condenado la semana pasada a dos años de prisión y una multa de 15.000 $.

El presidente de la mayor universidad de Nevada naufraga en un mar de acusaciones de nepotismo, acoso y corrupción menor.

Los titulares de fábricas de diplomas son muy difíciles de controlar. Inundan los correos electrónicos con ofertas de títulos universitarios baratos y cobran los honorarios a través de Internet, y a continuación filtran ese dinero hacia cuentas bancarias en el extranjero. Cuando la policía intenta cerrar uno de estos negocios, los titulares lo abren en otra parte, frecuentemente en un país pobre con escasas medidas legales contra el fraude. Ante la incapacidad para desbaratar estos negocios ilegales, muchos estados han cambiado su estrategia: si no podemos atrapar a los que venden, habrá que atrapar a los que compran. Algunos, como Illinois, Indiana y Nueva Jersey, han criminalizado recientemente el uso de títulos falsos.