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Para combatir la falsificación de certificados en la enseñanza superior, Libia se unió al Sistema Árabe Unificado de Autenticación de Certificados basado en Blockchain. Esta iniciativa, encabezada por la Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia (ALECSO), ofrece un método fiable para verificar los títulos académicos. Los expertos abogan por sistemas similares en toda África para reforzar las prácticas de contratación y garantizar la credibilidad de las credenciales. Sugieren aprovechar la tecnología blockchain y colaborar con organizaciones internacionales para una implementación generalizada.

Durante una audiencia en el Senado sobre los cambios en la carta magna de Filipinas, los expertos en educación expresaron su preocupación por los posibles riesgos relacionados con la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera. Un asesor educativo destacó la reputación del país en cuanto a fábricas de diplomas, advirtiendo que podría atraer a universidades extranjeras de baja calidad en lugar de a instituciones prestigiosas. A pesar de los debates sobre la Resolución de ambas Cámaras (RBH 6), que propone la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera, persiste la preocupación por la regulación de las instituciones por debajo de los estándares de calidad y la posible comercialización de la educación.

El gobierno indio ha presentado el Proyecto de Ley contra las trampas en los Exámenes Públicos para combatir la deshonestidad académica generalizada y preservar la integridad del sistema educativo. El proyecto de ley propone medidas estrictas como una mayor vigilancia, normas más estrictas para los supervisores y penas severas de hasta 10 años de cárcel por hacer trampas y una multa de 1 millón de rupias para los implicados en malas prácticas en los exámenes. Además, el proyecto de ley pretende crear un comité técnico nacional para mejorar la seguridad y la imparcialidad de los exámenes.

El Ministerio de Educación, Juventud y Deporte ha garantizado al público la transparencia y exactitud de la corrección de los exámenes Bac II. Ha aplicado controles estrictos durante el proceso de corrección, garantizando que no se permite el uso de dispositivos electrónicos y empleando medidas de seguridad supervisadas por la Unidad Anticorrupción. El Ministerio garantiza la imparcialidad mediante procesos de calificación anónimos y una doble comprobación por parte de los redactores y un subcomité. Los resultados se anunciarán en fechas concretas y se publicarán en plataformas oficiales para mantener la transparencia.

El Ministerio de Educación y Cultura indonesio ha revocado 31 licencias de enseñanza superior privada tras constatar que las instituciones no cumplían con las normas exigidas en cuanto a instalaciones y número de estudiantes, que la enseñanza era deficiente y que había habido denuncias de materias ficticias y emisión fraudulenta de diplomas. El Ministerio ayudará a los estudiantes de los centros afectados a trasladarse a centros acreditados. Los profesores de los que se demuestre que no han participado en los planes fraudulentos recibirán la misma ayuda; de lo contrario, se los incluirá en una lista negra.

Del millón de estudiantes que se presentaron a los exámenes nacionales de fin de estudios, sólo el 3,3 % consiguió alcanzar una calificación de aprobado con un 50 %. Los resultados revelaron los múltiples retos a los que se enfrenta el sector educativo desde hace tiempo: creciente politización del sistema que socava la meritocracia, prácticas corruptas y poco éticas para pasar a los alumnos al siguiente nivel sin la preparación necesaria. Escuelas, docentes, y directivos, autoridades regionales y del poder político se han visto implicados en malas prácticas.

El Consejo de Exámenes de África Occidental (WAEC) sancionó a 13 escuelas secundarias en el estado de Gombe por casos de mala práctica en los exámenes. Desde el 2018 hasta el 2020, se descubrió que siete escuelas secundarias públicas estaban implicadas en malas prácticas en los exámenes. En el 2022, el Ministerio recibió un nuevo conjunto de seis escuelas que cometieron el mismo delito, y también fueron dadas de baja debiendo pagar a WAEC una multa de N500,000 por escuela. Según el director de WAEC, la amenaza de malas prácticas en los exámenes tuvo un impacto negativo en el rendimiento de los estudiantes en los resultados de los Exámenes para obtener el Certificado de Secundaria Superior: con un promedio general de 55,6% en el 2022 frente al 79,5% en el 2021.

Varias de las mejores universidades de Australia han confirmado en un comunicado que a principios de este año fueron informadas de "un aumento significativo de certificados analíticos fraudulentos del Diploma de Enseñanza Secundaria de Ontario". Como consecuencia de ello, las universidades aceptarán estudiantes de un número seleccionado de escuelas de Ontario que hayan pasado por un riguroso proceso de verificación. La cobertura en idioma chino de las acusaciones de fraude incluía una lista de 152 escuelas que las universidades australianas habían considerado "no verificadas o no genuinas".

El centro examinador de la Escuela Moderna Islámica de Preescolar y Primaria de Chalinze ha sido suspendido por el gobierno por irregularidades en los exámenes. Los números de identificación de examen de cinco alumnos fueron alterados sin que los supervisores dieran una explicación clara. El ministro exigió que el propietario de la escuela despidiera a todos los docentes implicados en el escándalo de las trampas, o se arriesgaba a la baja permanente del establecimiento. El Consejo Nacional de Exámenes de Tanzania corrigió los números de identificación de examen de los candidatos y los resultados afectados por esta mala práctica.

Un falsificador detectado en 2019 por el Ministerio de Educación Superior ha sido acusado de falsificación, y venta de documentos oficiales, fraude y blanqueo de capitales. Desde 2015, vendía miles de diplomas falsos a 200 euros cada uno. Con la complicidad de un conductor de taxi-ambulancia que fotografiaba los documentos de los pacientes, compraba tarjetas de prepago con estas identidades falsas, que luego eran pagadas mediante transferencias electrónicas por los compradores de los diplomas falsos a través de sus propias tarjetas de prepago.