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Dinamarca se ha visto sacudida por un caso de fraude científico en el que está implicado un destacado catedrático de medicina especializado en investigaciones cerebrales. En el caso también se ha visto envuelto el rector de la Universidad de Copenhague, el anterior Ministro de Ciencia y otros coautores, y ha menoscabado la imagen de la ciencia ante la opinión pública.

Para erradicar el nepotismo, el gabinete de gobierno italiano ha ordenado la salida de algunos académicos del sistema de acreditación nacional. En el nuevo esquema, comisiones de cinco académicos de alto nivel nombrados por cada universidad acreditarán a los solicitantes para los puestos de profesor asociado o a tiempo completo basándose en la calidad y cantidad de sus rendimientos académicos.

El Uganda National Examinations Board (UNEB) anunció recientemente que el absentismo de los profesores era una de las razones de las altas tasas de fracaso escolar en los exámenes de egreso de la educación primaria [Primary Leaving Examinations]. Investigaciones adicionales han confirmado que los profesores peor pagados no son los que más se ausentan. Son más bien los profesores mejor pagados quienes utilizan el tiempo que deberían destinar a la escuela para pasarlo en los mercados.

El Ministerio de Educación Superior e Investigación ha encomendado al Centro Nacional de Información Científica (CNRS) una misión de integridad científica. Hay muchas formas de fraude científico: fabricación o falsificación parcial de resultados, interpretación sesgada o selección subjetiva de datos, alteración de curvas o imágenes, plagio, robo de ideas, reparto de beneficios financieros... La creciente presión que sufren los investigadores (cuyos créditos y carrera dependen rigurosamente de la cantidad de artículos y resultados que produzcan) tiende a multiplicar las prácticas fraudulentas.

El Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC) y las universidades de Australia emprendieron la revisión del Código para una Investigación Responsable. El código se propone orientar a las instituciones y los investigadores para que efectúen prácticas de investigación responsables. Abarca temas tales como la gestión de datos y materiales, la publicación y difusión de resultados; la atribución; los procesos de revision por los pares y los conflictos de intereses.