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El candidato a ministro de Educación y viceprimer ministro de Corea del Sur tuvo que retirarse por acusaciones de mala conducta durante su mandato, como presidente de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros. Favoreció a todos los miembros de su familia para obtener las prestigiosas becas Fulbright para estudiar en Estados Unidos. También se enfrentó a acusaciones de haber ocupado indebidamente un puesto adicional en una empresa irrelevante para su materia de estudio.

Una encuesta realizada en 2021 por el Ministerio de Educación y Cultura reveló que el 77% de los profesores de Indonesia admitieron que se habían producido casos de acoso sexual en sus universidades, pero el 63% decidió no denunciar los casos a la policía o a otras instituciones pertinentes. Sólo 49 de las 122 universidades han creado grupos de trabajo contra el acoso sexual, en los que participan personal administrativo, profesores y estudiantes. Las sanciones previstas en el decreto incluyen sanciones económicas para las instituciones que no eviten la violencia sexual y el despido o la expulsión de los autores.

Mala conducta sexual: piden que las universidades poco rigurosas pierdan su estatus
El pasado mes de abril, la Oficina del Estudiante, presentó una lista de recomendaciones destinadas a ayudar a las universidades a prevenir y responder al acoso sexual y la mala conducta en el campus. Según los ministros del Reino Unido, las universidades que no tomen medidas contundentes contra la mala conducta sexual deberían arriesgarse a perder su estatus oficial.

Seis ciudadanos iraníes y azerbaiyanos han sido detenidos por robar y vender preguntas y respuestas de la Prueba de Evaluación Académica (SAT), que realizan los estudiantes extranjeros para ser admitidos en universidades de Estados Unidos y Turquía. Al parecer, los sospechosos cobraban a los "compradores" entre 2,000 y 3,000 dólares por las preguntas facilitadas en su red denominada "casas de cuarentena". Al registrar los domicilios en los que se detuvo a los sospechosos, la policía turca encontró documentos de admisión al SAT, libros de preguntas de exámenes oficiales y una gran cantidad de pruebas digitales.

Un informe del Tribunal Superior de Calcuta muestra cómo la Comisión Central de Servicios Escolares de Bengala Occidental (WBSSC) presuntamente hizo un uso indebido de la Ley de Derecho a la Información (RTI) para facilitar contrataciones ilegales. El presidente de la WBSSC había dado instrucciones a los presidentes de las cinco comisiones regionales para que escanearan y almacenaran sus firmas en el servidor de aplicaciones de la WBSSC. Posteriormente, se utilizaron como firmas digitales ilegales para más de 500 cartas de recomendación falsas, supuestamente entregadas en mano a los candidatos que no lo merecían.

Treinta estudiantes de Química de Primera Categoría fueron sancionados por hacer trampa cuando miembros de la clase filtraron fotos de las respuestas de un examen de la unidad, a través de un mensaje de texto grupal. Mientras el profesor estaba supervisando este examen anticipado, un estudiante de otro salón tomó una foto de un examen terminado que estaba en el escritorio del profesor. Luego comenzó a vender el examen a otros estudiantes por 5 dólares. Según el Manual del Estudiante de Paly, la alteración de las pruebas devueltas o el robo de exámenes incluye la suspensión y la posible expulsión.

Cada vez más estudiantes de las universidades británicas compran y venden ensayos. Una investigación de 2018 muestra que uno de cada siete estudiantes ha pagado a alguien para que les escriba un ensayo. En 2021, The Guardian, informó que entre 2019 y 2020, el número de solicitudes enviadas a un sitio web líder de "ayuda con los deberes" aumentó un 196%. En 2021 le ofrecieron cientos de libras a un tutor privado, para hacer los exámenes online de los estudiantes por ellos. Otro aceptó escribir una disertación por 3,000 libras

En una reunión oficial, el ministro de Educación Superior anunció que se tomarán medidas para preservar la confidencialidad de los exámenes en las instituciones de educación superior. Los cuestionarios y las hojas de respuestas deberán enviarse a través de vehículos geolocalizados y no antes de 30 minutos del comienzo del examen. Se ha habilitado un número de WhatsApp al que se pueden remitir las quejas sobre malas prácticas.

Un informe de Human Rights Watch, reveló que durante el cierre de escuelas por el Covid-19, los gobiernos de 49 de los países más poblados del mundo violaron los derechos de los niños al aprobar y permitir la adopción generalizada de productos EdTech. Los niños fueron obligados a pagar por su aprendizaje a costa de sus derechos a la privacidad y al acceso a la información. De los 164 productos EdTech examinados, 146 (89%) controlaban los datos personales de los niños en secreto y sin el consentimiento de los niños o de sus padres, tanto dentro como fuera de sus aulas virtuales y en Internet.