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El sector público de Kenia se enfrenta a una crisis, ya que una auditoría de la Comisión de Servicios Públicos reveló más de 2 000 casos de certificados académicos y profesionales falsos de empleados de la administración. Se descubrió que 787 funcionarios habían utilizado credenciales falsas, desde certificados falsos de educación secundaria y terciaria hasta calificaciones alteradas. Este fraude generalizado, que afecta a varias instituciones gubernamentales, socava la confianza de los ciudadanos. La legislación propuesta pretende abordar el problema, pero se necesitan reformas urgentes para restablecer la integridad y la rendición de cuentas.

El proyecto de ley de universidades se enfrenta a la oposición de los académicos, que sostienen que permite la interferencia política y compromete así la calidad de la educación. La legislación propuesta otorgaría a figuras políticas como el Ministro de Educación y el Ministro Principal de la provincia, un papel significativo en la gobernanza de las universidades, en contra de las peticiones de autonomía académica. Los críticos abogan por la autonomía académica y una junta directiva compuesta por expertos. La ley propone sustituir la Comisión de Subvenciones Universitarias por una Comisión de Educación de Alto Nivel presidida por el Ministro de Educación.

La condena de un directivo de una universidad no registrada supone un paso importante en las iniciativas emprendidas por Malawi para combatir las instituciones ilegales de enseñanza superior. El directivo de la universidad no registrada fue multado y se enfrenta a penas de prisión por ofrecer títulos falsos. Si bien las organizaciones de la sociedad civil ejercen presión para que haya más detenciones y consecuencias para los empleadores que reconozcan los títulos de esas instituciones, la condena subraya la importancia de la aplicación de la normativa para mantener la integridad educativa. La convocatoria para elaborar un proyecto de ley sobre la Autoridad Nacional de Calificación pretende reforzar los marcos regulatorios, pero los avances siguen siendo inciertos.

El gobierno indio ha presentado el Proyecto de Ley contra las trampas en los Exámenes Públicos para combatir la deshonestidad académica generalizada y preservar la integridad del sistema educativo. El proyecto de ley propone medidas estrictas como una mayor vigilancia, normas más estrictas para los supervisores y penas severas de hasta 10 años de cárcel por hacer trampas y una multa de 1 millón de rupias para los implicados en malas prácticas en los exámenes. Además, el proyecto de ley pretende crear un comité técnico nacional para mejorar la seguridad y la imparcialidad de los exámenes.

El PNUD y Nazaha de Arabia Saudí lanzaron una iniciativa mundial para medir la corrupción durante la 10.ª sesión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Desde el 2023 hasta el 2027, su objetivo será el de desarrollar indicadores basados en pruebas con un enfoque de múltiples partes interesadas, con el apoyo de Arabia Saudí. La asociación pretende hacer un seguimiento de los avances, ofrecer recomendaciones sobre políticas y ayudar a los países a alcanzar los objetivos de lucha contra la corrupción vinculados al ODS 16. Aborda las lagunas de datos identificadas en el Informe Mundial sobre el Avance del ODS 16.

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (PCCB) y la Autoridad de Control y Aplicación de Drogas (DCEA) se unieron recientemente para combatir la corrupción y el consumo de drogas en las instituciones educativas. Firmaron en Dodoma un pacto titulado "Eliminar la corrupción y las drogas ilícitas en las escuelas e instituciones de aprendizaje superior". El memorando se centra en el intercambio de información para prevenir estos vicios y tiene por objeto desalentar la participación de los jóvenes en la corrupción y el uso indebido de drogas. La PCCB ha creado 7.000 clubes anticorrupción en escuelas e instituciones de enseñanza superior del país.

El gobierno de Bangladesh está preparando una nueva ley para endurecer la normativa de las universidades privadas, con el fin de mejorar la transparencia y la gobernanza. Entre las enmiendas propuestas figuran la exigencia de que un tercio de los miembros del consejo de administración sean académicos, la restricción a los beneficios de los administradores y la autorización a las autoridades para nombrar observadores en las universidades que se vean afectadas por cualquier situación. El proyecto de ley también incorpora células de garantía de calidad para mantener la calidad educativa, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor gobernanza en medio de la preocupación por la corrupción y las irregularidades en la enseñanza superior privada.

El Ministro sudafricano de Educación Superior reveló su preocupación por la corrupción rampante y los problemas de gobernanza en las universidades. Insinuó posibles cambios legales futuros para reforzar la eficacia del sistema, y destacó problemas como la falta de experiencia de los miembros del Consejo de Gobernanza y la normalización de la corrupción en las cadenas de suministro de las universidades. Aunque no se desvelaron las modificaciones legislativas concretas, entre ellas podría figurar la revisión de la autonomía universitaria. El departamento pretende establecer un defensor del pueblo y una rama dedicada a abordar los problemas de gobernanza.

El Ministerio de Educación y Cultura indonesio ha revocado 31 licencias de enseñanza superior privada tras constatar que las instituciones no cumplían con las normas exigidas en cuanto a instalaciones y número de estudiantes, que la enseñanza era deficiente y que había habido denuncias de materias ficticias y emisión fraudulenta de diplomas. El Ministerio ayudará a los estudiantes de los centros afectados a trasladarse a centros acreditados. Los profesores de los que se demuestre que no han participado en los planes fraudulentos recibirán la misma ayuda; de lo contrario, se los incluirá en una lista negra.

Un docente que trabajaba en una escuela de Pune se dirigió a la Oficina Anticorrupción (ACB por sus siglas en inglés) denunciando que dos funcionarios contables del departamento de educación estatal le habían exigido un soborno de 6.000 rupias para verificar documentos relativos a la fijación de salarios con arreglo al Sexto y Séptimo régimen de la Comisión de Salarios. La ACB los detuvo, y se registró un primer documento informativo en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción.