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El sector público de Kenia se enfrenta a una crisis, ya que una auditoría de la Comisión de Servicios Públicos reveló más de 2 000 casos de certificados académicos y profesionales falsos de empleados de la administración. Se descubrió que 787 funcionarios habían utilizado credenciales falsas, desde certificados falsos de educación secundaria y terciaria hasta calificaciones alteradas. Este fraude generalizado, que afecta a varias instituciones gubernamentales, socava la confianza de los ciudadanos. La legislación propuesta pretende abordar el problema, pero se necesitan reformas urgentes para restablecer la integridad y la rendición de cuentas.

El Secretario del Gabinete de Educación ha expresado su preocupación por la posibilidad de que los directores de escuela inflen el número de candidatos a los exámenes nacionales en Kenia. Una preocupación similar surgió durante el examen de Certificado de Educación Primaria de Kenia (KCPE) de 2023, en el que 9 354 estudiantes se inscribieron, pero no se presentaron al examen. Para frenar a los "candidatos fantasma", este año la inscripción en el KCSE se hará a partir de los datos del Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de la Educación.

El ex Secretario General del Sindicato Nacional Docente de Kenia (KNUT) ha acogido con satisfacción la decisión del Ministerio de Educación de pedir a los padres que paguen las cuotas escolares de los alumnos de las escuelas nacionales a través de la plataforma e-Citizen. Esta nueva iniciativa gubernamental pretende mejorar la prestación de servicios, aportar transparencia y proteger tanto a los alumnos como a los padres. Sin embargo, algunos expresan su preocupación por las dificultades prácticas y el estado de preparación del país para una transición digital de este tipo.

En el libro Corruption in Higher Education: Global Challenges and Responses, treinta y cuatro expertos arrojan luz sobre diversos problemas de corrupción en la enseñanza superior: trampas en los contratos y subcontratación de tareas; procesos de contratación ambivalentes; universidades falsas que adoptan diversas formas, desde planes con ánimo de lucro hasta estudiantes que compran títulos sin cumplir sus obligaciones; la investigación de la corrupción implica a académicos, administradores y organismos, unidos contra la corrupción académica. Algunos de los próximos pasos son: desarrollar una teoría de la integridad, analizar el impacto de la educación secundaria, impulsar la tecnología, evitar la estigmatización de los grupos sociales y fomentar la cooperación mundial.

En un seminario web organizado por la Universidad de Nairobi, un profesor de currículum e instrucción de la Universidad Tecnológica de Texas desafió al cuerpo docente a adoptar técnicas innovadoras de evaluación en línea que limiten las trampas de los estudiantes y a aplicar políticas de integridad académica. El riesgo de hacer trampas puede reducirse mediante la desactivación de ciertas funciones, como copiar y pegar, y el uso de programas informáticos que prohíban el acceso a determinadas aplicaciones, como el correo electrónico, o la desactivación del uso compartido de la pantalla. Los sistemas que avisan a los profesores cuando los alumnos intentan hacer trampas y los controles de autenticación también pueden ayudar a frenar los riesgos.

Según una encuesta realizada por Education Sub-Saharan Africa (ESSA), la mayoría de las universidades de África Oriental tuvieron problemas para mantener la integridad de los exámenes que se realizaron en línea durante la pandemia de COVID-19. El investigador principal de ESSA informa que los estudiantes utilizaron materiales prohibidos durante los exámenes o infringieron las políticas de examen de las universidades. Uganda y Kenia registraron el mayor número de universidades con problemas, con un 31 % y un 27 %, respectivamente.

Según la Autoridad Nacional de Certificaciones de Kenia (KNQA por su sigla en inglés), al menos una de cada tres personas asalariadas en Kenia tiene un certificado académico falso, es decir, alrededor del 30% (al menos 250.000) de la plantilla de funcionarios. En marzo de 2023, la Facultad de Medicina de Kenia revocó la admisión de 53 médicos en prácticas tras descubrirse que habían ingresado en la institución con certificados de secundaria falsos. La Comisión de la Administración Pública y la Comisión de Ética y Anticorrupción ordenaron entonces a todos los empleadores públicos y privados que realizaran auditorías de las titulaciones académicas de los empleados en los últimos diez años para garantizar su responsabilidad.

Se plantean cuestiones de trampas sobre la curva de crecimiento anormalen los resultados de los exámenes. En el 2022, 173.000 estudiantes de bachillerato han sido admitidos en universidades con un nivel C+ o superior, frente a 145 en el 2021 en los exámenes del Certificado de Educación Secundaria de Kenia (KCSE). Esto implica que 6.300 estudiantes superan las 167.046 plazas disponibles en las universidades públicas y privadas en el 2021.

El vicerrector de la Universidad de Egerton y ocho miembros del Consejo Universitario han sido condenados a 30 días de cárcel por no cumplir una orden judicial que les ordenaba pagar a los profesores el 100% de sus salarios. El capítulo del Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Egerton (UASU) había presentado una demanda por desacato después de que la universidad impusiera un recorte salarial del 40% en 2020, supuestamente como medida provisional ante la llegada de la pandemia COVID-19. Sin embargo, el Consejo no presentó pruebas de la necesidad de esta medida.