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Aunque el período posconflicto terminó oficialmente en 2006, el Ministerio de Educación aún no es capaz de monitorear eficazmente los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel nacional. El sistema registra profesores que no existen físicamente, profesores que no enseñan ("profesores fantasma") y profesores que reciben salarios de varias escuelas. A mediados de 2006, el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) envío dos expertos a la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación en Freetown, la capital de Sierra Leona, para crear un Sistema de Información para la Gestión de la Educación (SIGE). Este artículo sintetiza los resultados de sus investigaciones.

El ministro de educación de Sierra Leona ordenó un ejercicio de verificación a escala nacional. Muchas escuelas y profesores actualmente registrados simplemente no existen. Según él: "Si se toma en cuenta los subsidios que pagamos por las escuelas no existentes, los profesores no existentes y la lista inflada de alumnos, es fácil suponer que el gobierno pierde decenas de miles de dólares cada mes". El ministro acusa a funcionarios de su propio ministerio de colusión con sus contrapartes en el Ministerio de Finanzas.

Un gran número de padres ha expresado su descontento por como los profesores exigen dinero a cambio de darles a sus hijos los resultados de final de curso. Y ahora sí que los padres le están exigiendo al ministro de educación que haga algo en lo referente a cobros extras en escuelas de primaria y secundaria, defendiendo así el programa gratuito de Educación para Todos.

Activistas de la sociedad civil de Sierra Leona están trabajando para mejorar la obligación de rendir cuentas. El grupo National Accountability Group (NAG) – la oficina local de Transparencia Internacional – utilizó una Encuesta de Seguimiento del Gasto Público (ESGP) para averiguar qué había sucedido con las ayudas para pagos de matrículas escolares y materiales de aprendizaje designados para un grupo muestra de 28 escuelas de distrito rural.

Según un informe, los responsables de una Facultad de Ciencias Empresariales junto con una junta examinadora se han visto envueltos en un caso de expedientes académicos falsos. Los funcionarios de la facultad proporcionaban resultados y expedientes falsos a personas que querían viajar al extranjero para realizar estudios superiores, por un precio que según afirman no bajaba de los 2.000 dólares americanos.

Según el informe emitido por el Auditor General en 2013, el Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología no siguió la normativa en lo referente a la adjudicación de contratos en el año revisado, violando así la Ley de Contratación Pública Nacional de 2004.

Funcionarios educativos fueron sorprendidos ayudando a estudiantes a tomar sus exámenes privados, después de recibir sobornos de más de un millón de Leones, equivalente a aproximadamente £110 por estudiante. La Comisión de Anti-Corrupción los desfiló en las calles de Freetown. Aun así, expertos de los derechos humanos están cuestionando la legitimidad de las tácticas de hoy en día, de humillar públicamente a los acusados antes de llevarlos a corte.

La Campaña Corrupción Cero (ZCC), una organización de la sociedad civil que se centra en la promoción de la integridad, la responsabilidad y la transparencia en los servicios de las instituciones del sector público, ha advertido a las autoridades escolares del país que dejen de recaudar dinero en concepto de cuotas adicionales para los estudiantes que cursen sus estudios en 2022/2023. El ZCC dijo que tales prácticas equivalen a corrupción y a un intento deliberado de socavar la educación escolar gratuita de calidad.

Se ha creado una comisión parlamentaria especial para investigar los certificados falsos y los programas de educación a distancia que no cumplen con ninguna norma o reglamento. Un informe revela que las universidades están recibiendo llamadas de políticos de alto rango pidiéndoles que matriculen a estudiantes en facultades para las que no están calificados. Otros hallazgos incluyen sobornos y corrupción, dificultades de acceso a la enseñanza superior y uso indebido de Internet.

Una encuesta realizada por Transparencia Internacional en Ghana, Madagascar, Marruecos, Níger, Senegal, Sierra Leona y Uganda consultó a distintos agentes del sistema educativo. Los informes destacan la falta de información presupuestaria en las escuelas y piden que se refuercen la regulación y la rendición de cuentas, así como una mayor participación de las comunidades escolares y los padres.