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Dos empleados de la Junta de Préstamos y Becas para Estudiantes de Educación Superior (HESLGB) fueron detenidos en Lilongüe por el presunto robo de 335 millones de MWK (326.000 dólares) destinados a préstamos para estudiantes entre 2018 y 2019 a través de una institución de educación superior privada. Al no poder pagar el alquiler y ofrecer préstamos a los estudiantes de las instituciones terciarias, la universidad propuso a la junta que le donara 10 millones de MWK (9.750 dólares). La junta, en cambio, envió 300 millones de MWK y pidió a la universidad que devolviera la diferencia a varias cuentas pertenecientes a empleados de la junta de préstamos.

El Ministerio de Educación planea incorporar estudios sobre la corrupción en el plan de estudios de primaria de Malawi para inculcar valores contra la corrupción. En la escuela primaria de Dzenza presentaron un libro de consulta para docentes en el que se destaca la importancia de la integridad en los niños y la necesidad de resistirse a la corrupción. La iniciativa recibió el respaldo del PNUD, centrándose en el cambio de comportamiento a través de la educación. Los activistas de la sociedad civil instan a luchar contra la corrupción, atribuyen los problemas económicos a prácticas del pasado y piden que se investiguen las presuntas actividades corruptas de anteriores administraciones.

La condena de un directivo de una universidad no registrada supone un paso importante en las iniciativas emprendidas por Malawi para combatir las instituciones ilegales de enseñanza superior. El directivo de la universidad no registrada fue multado y se enfrenta a penas de prisión por ofrecer títulos falsos. Si bien las organizaciones de la sociedad civil ejercen presión para que haya más detenciones y consecuencias para los empleadores que reconozcan los títulos de esas instituciones, la condena subraya la importancia de la aplicación de la normativa para mantener la integridad educativa. La convocatoria para elaborar un proyecto de ley sobre la Autoridad Nacional de Calificación pretende reforzar los marcos regulatorios, pero los avances siguen siendo inciertos.