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El West African Examinations Council afirma que no ha registrado ningún caso de fraude en los exámenes durante los últimos cinco años. También negó tener conocimiento de la existencia de "centros especiales de examen". Se alegaba que esos centros habían sido creados por algunos directores y propietarios de escuelas secundarias para beneficiar a sus candidatos, quienes son obligados a pagar derechos de escolaridad más altos que los fijados oficialmente por el WAEC. Se sostiene que el dinero se utiliza para influir sobre funcionarios del consejo a fin de facilitar las preguntas de los exámenes a esos centros antes de la fecha oficial del examen.

Un miembro del personal administrativo de una escuela ha sido condenado a 8 meses de prisión en la magistratura este por aceptar un anticipo de 100.000 dólares americanos por renovar el contrato con una empresa de limpieza por sus servicios por períodos más largos sin el consentimiento de la propia escuela. El acusado debe pagar 15.600 de dólares como indemnización a la escuela.

Un auditor ha sido acusado de haber maquillado las cuentas para ayudar a ocultar el robo de más de 11 millones de dólares. Las acusaciones implican al superintendente de distrito por el robo de más de 2 millones de dólares, al superintendente adjunto, por apropiación indebida de 4 millones de dólares, y a un ex empleado de contabilidad de la escuela, por el robo de 780.000 dólares. El dinero se estaba destinando a la compra de obras de arte, joyas, viajes al extranjero e hipotecas de viviendas. El escándalo ha desencadenado un cambio radical en la forma de auditar las finanzas de los centros escolares en todo el estado.

El ministerio de educación no ha tomado ninguna acción en contra de profesores y otros funcionarios de educación identificados como culpables de falta de ética profesional después de varias comisiones investigadoras llevadas a cabo a lo largo de los años. Entre los incontables problemas que se han descubierto a partir de dichas investigaciones se encuentran aventuras amorosas entre alumnas y profesores y un mal uso de material cuyo destino era mejorar la calidad de la educación.

El director de una escuela secundaria ha permitido finalmente que la oficina regional de educación lleve a cabo auditorías internas que revisen los libros de cuentas del colegio de donde se informó que faltaba dinero. Aparte de prohibirles la entrada a la escuela a los auditores, el director del centro les amenazó con tomar medidas legales contra ellos.

Legisladores del Estado de Ondo han aprobado una pena de cárcel de entre tres y cuatro años o bien una multa para aquellos directores que lleven a cabo malas prácticas durante los exámenes en colegios públicos. Cualquier candidato que abandone la sala de examen con la intención de copiar o beneficiarse de forma ilícita corre el riesgo de pagar una multa y/o ser enviado a prisión por un periodo de hasta tres años.

Pocas personas se incorporan a la profesión docente por dinero. Los profesores prefieren describir reiteradamente su motivación como "vocación", expresión ampliamente reconocida como un eufemismo de "mal pagado". Pero para algunos profesores con espíritu empresarial, el sistema educativo presenta abundantes oportunidades para hacer dinero. Un informe sobre la corrupción en la educación, publicado esta semana por la UNESCO, destaca la manera en que directores, profesores y funcionarios de educación pueden extorsionar y malversar los fondos destinados a las escuelas.

Según un informe elaborado por auditores provenientes de una asociación sin fines de lucro de Indiana, los directores del condado de Wake concentran mucho poder y deberían ser controlados para mejorar la educación en el distrito. Para evitar las desigualdades, los audotres han recomendado limitar el poder de los directores y tenerlos por responsables de los errores, así como determinar qué decisiones se deben adoptar a nivel de la escuela y cuáles dependen de la oficina central.

Existe cierta frustración en la escuela secundaria Mpraeso (MPASS) porque la administración trata de mejorar la rendicion de cuentas y la transparancia. La aplicación de medidas anticorrupción mediante la automatización de la contabilidad y los procedimientos administrativos para facilitar la verificación y disminuir la corrupción se empantanan debido a la apatía de los funcionarios. El programa informatizado de gestión escolar, que hace unos meses habría costado unos 5 millones de cedis, ahora podría costar a la escuela casi el doble de ese monto.

El ministro de educación informó que los diplomas de bachiller, que serán entregados a partir de este año, serán diseñados y elaborados por ese despacho con varias medidas de seguridad para evitar que sean falsificados. Agrego que los títulos de bachiller serán gratuitos y, por tanto, ni las juntas escolares ni los directores pueden cobrar.