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El Ministerio de Justicia de los EE.UU. podría resucitar una queja que podría sentar precedente y pretende obtener cerca de US$ 1.000 millones de la Universidad de Phoenix, la institución de educación superior privada más grande del país. La queja fue rechazada en mayo por un juez de un tribunal de distritro federal en California basándose en consideraciones técnicas, pero la parte apeló.

En la primavera de 2004 se llevaron a cabo una serie de entrevistas con 43 rectores, vicerrectores y administradores en cinco universidades privadas. Se llegó a una conclusión general, y es que para llegar a obtener una matrícula o una solicitud de acreditación, con muy pocas excepciones, se necesitaba algún tipo de soborno. Una matrícula podría requerir un soborno de unos 200 dólares americanos, que es como el salario medio correspondiente a dos meses de trabajo de cualquier académico – mientras que para una acreditación podríamos estar hablando de una "gratificación" 10 o 20 veces mayor.

El Gobierno de Bangladesh decidió advertir a los estudiantes y sus tutores de la existencia de universidades privadas que abren campus externos bajo la forma de centros regionales de recursos, centros de estudio, etc. En el ministerio se sabe que los estudiantes que se inscriben en esas universidades locales no autorizadas son estafados frecuentemente. Actualmente hay en Bangladesh 51 universidades privadas que funcionan según la Ley de Universidades Privadas (Private University Act) de 1992, enmendada en 1998.

La herencia soviética en Georgia y el colapso ulterior de las instituciones estatales generó un sistema educativo plagado de corrupción, nepotismo, centralización y falta de profesores. Además, durante la década de los noventa se expandieron escuelas privadas de baja calidad con nombres de 'universidad' o 'instituto'. Han surgido controversias tras el cierre o la fusión de colegios y universidades, y la abolición de miles de puestos académicos o administrativos.

Dado que la mayoría de los chinos considera que la obtencion de educación es el objetivo principal, las nuevas universidades privadas que han aparecido en casi todas las provincias importantes son percibidas como una oportunidad para bajar los puntajes de los exámenes en las universidades chinas para tener acceso a la educación superior.

La Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) y la policía han iniciado la persecución de los propietarios de tres universidades privadas ilegales que funcionan en el país. Los propietarios de las instituciones son perseguidos por funcionamiento ilegal y cobro de dinero ilegal a estudiantes ingenuos.

El Ministerio de Educación organizó una campaña para instar a los padres de familia de las escuelas públicas y privadas a unirse con el gobierno para luchar contra la corrupción. El ministerio lanzó nuevos modelos para la educación preventiva contra el soborno y la corrupción (GCPETE), que se utilizarán en las escuelas públicas para integrar las lecciones de lucha contra el soborno y la corrupción en la educación en valores de la escuelas primarias.

El Ministerio de Educación investigará a escuelas privadas acerca de ciertas irregularidades detectadas en la lucha contra la corrupción. En breve, el ministro de educación y la Junta Auditora y de Inspección seleccionarán conjuntamente escuelas privadas que sean sospechosas de mala gestión en sus escuelas. Solo investigarán aquellas en las que exista la sospecha de mala gestión y corrupción, en lugar de realizar una investigación aleatoria.

La Cámara de los Diputados del gobierno de Chile ha rechazado los hallazgos de un informe que ha investigado las alegaciones de especulación educativa de siete universidades privadas. Líderes de la comunidad estudiantil y políticos de la oposición criticaron esta resolución, reivindicando que el gobierno no debe ignorar la especulación educativa ilegal que está ocurriendo en Chile.

Universidades públicas y privadas de Corea del Sur han estado protagonizando prácticas de contabilidad "indirecta" que elevaban de forma desorbitada los derechos de matrícula, según ha informado la Agencia Estatal de Auditoría. Tras llevar a cabo una investigación en 35 universidades elegidas al azar, de las cuales nueve eran instituciones públicas, la Junta de Auditores e Inspección llegó a la conclusión de que las instituciones llevaban cinco años manipulando de forma habitual su contabilidad para justificar subidas notables en los costes de las matrículas.