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El Ministerio de Educación Primaria y Secundaria ha establecido centros de mando estratégicos en todo el país para abordar diversos problemas que invaden las escuelas. Entre ellos figuran la expulsión de alumnos por no pagar la cuota, la oferta de clases extra remuneradas, las prácticas discriminatorias en las inscripciones, los castigos corporales, la imposición de cuotas no aprobadas y otras conductas indebidas. El director de comunicación y promoción del MoPSE instó a las partes interesadas a utilizar los contactos designados para informar cualquier mala práctica. El objetivo es garantizar que todos los niños escolarizados reciban una educación primaria y secundaria de calidad, justa e integral.

El Consejo de Exámenes Escolares de Zimbabue (ZIMSEC por sus siglas en inglés) retiró los resultados a más de 5.000 estudiantes tras filtraciones masivas. Un director y un docente de la escuela de Thokozani habían sido detenidos tras acceder a los exámenes y venderlos a residentes de Zvishavane. Sin embargo, según un legislador, el ZIMSEC utilizó la escuela como chivo expiatorio para que las investigaciones de la junta examinadora concluyeran precipitadamente.

La directora de Zimbabwe Women Against Corruption Trust instó al gobierno a mejorar las condiciones de trabajo y la remuneración de los docentes y a investigar la cuestión de las clases adicionales. Los docentes de las escuelas públicas piden dinero a los alumnos por las clases adicionales, lo que fomenta la discriminación contra otros alumnos. Los que no pueden pagar se ven privados de la igualdad de acceso a una educación de calidad.

Dos profesores de la escuela de secundaria de Kwekwe fueron suspendidos después de supuestamente pedir dinero a los padres de familia para asegurar lugares en el primer curso para sus hijos. El hecho solo salió a la luz pública en el día de la inauguración, cuando autoridades escolares descubrieron que había una clase adicional de 30 estudiantes, lo que llevó al director a lanzar una investigación.

Catedráticos en universidades, así como maestros en escuelas privadas y públicas que se encuentren culpables de abusar estudiantes corren el riesgo de que sus títulos y diplomas sean cancelados por el gobierno. Esto con el objetivo de frenar el creciente abuso, especialmente de estudiantes femeninas. El Vice-Ministro de Educación Superior y Terciaria, Ciencias y Tecnología dijo que había una necesidad urgente de frenar el surgimiento de abuso sexual de estudiantes en escuelas y universidades. Castigos como prisión o expulsión del trabajo no eran suficientes, ya que los infractores siempre terminaban enseñando en otros lugares usando sus diplomas y títulos.